LEÓN 29 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Joaquín Otero, planteará al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el pleno de las Cortes que comienza mañana si la Administración autonómica está dispuesta a cofinanciar al 50 por ciento el rescate de los peajes de la A-66 (León-Campomanes) y la AP-71 (León-Astorga), siguiendo el ejemplo de la Xunta de Galicia.
Esta cuestión surge tras el convenio suscrito la semana pasada entre el Ministerio de Fomento y la Xunta que ha permitido el rescate de dos tramos de la autopista del Atlántico (A-9), en concreto de los Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala, cuya concesión concluye en el año 2008, gracias a que la compensación a la concesionaria será sufragada a partes iguales entre las dos administraciones.
Por ello, los leonesistas plantean a la Junta de Castilla y León que siga el ejemplo gallego y plantee al Gobierno central esta misma solución para suprimir los peajes leoneses y esperan que el distinto color político de las administraciones central y autonómica no impida llegar a un acuerdo que elimine "este agravio comparativo".
Desde la UPL insistieron en que se trata de una promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aunque puntualizaron que "al menos la cumpla al 50 por ciento". Además, significó que no importa si lo paga el Gobierno central, la Junta o la Xunta gallega porque "el dinero sale del bolsillo de todos nosotros".
LEY DE MONTES
Por otro lado, la UPL planteará otra pregunta sobre el anteproyecto de la Ley de Montes y la "gran polémica" que ha originado en distintos sectores a los que afecta directamente, como es el caso de las juntas vecinales que verán mermadas sus competencias y capacidad de decisión.
Al lado de Joaquín Otero compareció el presidente de la Junta Vecinal de Pedrún de Torío, Fulgencio Bandera, quien criticó la falta de información y comunicación a estas entidades locales en el periodo de presentación de alegaciones que se ponen de manifiesto, según indicó, en que sólo seis de 1.400 juntas vecinales han presentado alegaciones.
Asimismo, indicó que los propietarios de los montes "están de uñas" por que la Junta quiere elevar hasta un 20 por ciento la parte de los beneficios de los recursos naturales que se destinan al plan de mejoras y que los planes anuales, hasta ahora gestionados por ello, pasaran a estar establecidos por la Junta. "Quieren quitarnos esas competencias y que las juntas vecinales estemos obligadas a cumplir los planes anuales que ellos proponen", indicó.
Además, según este anteproyecto, será también la Administración autonómica la que elabore el catálogo de montes de utilidad pública y no a iniciativa del propietario, como ocurría hasta ahora, "en un claro ejemplo de intrusismo y control total".
Por su parte, Joaquín Otero insistió en que no apoyarán la aprobación de dicho anteproyecto y pide a la Junta que lo rehaga, teniendo en cuenta la opinión de los sectores políticos, sociales y administrativos "a fin de buscar el máximo consenso posible".
En su opinión, la institución regional trata de "entrometerse" en el campo para recaudar más dinero y defendió que tienen que ser los propietarios y las juntas vecinales los que decidan el aprovechamiento y la gestión de sus montes.
Además, la UPL presentará otras dos iniciativas, una pregunta sobre la imposibilidad de ver el mundial de fútbol en diversos puntos de la geografía leonesa y una moción en la que solicitan que el programa de viajes para las personas mayores que organiza la Consejería de Familia se distribuya entre las provincias en función de la proporción de personas mayores de 60 años como criterio principal.