UPL ve en el compromiso de presentación de la Ley de Concordia como "un pago a Vox" y el PSOE, "un 'déjà vu'" de 2022

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios que forman parte de la oposición al Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León se han pronunciado este martes en las Cortes autonómicas ante el compromiso refrendado por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, de que se presentará en este parlamento una Ley de Concordia y, como ha señalado el procurador de UPL en el Grupo Mixto Luis Mariano Santos, lo considera "un pago del PP a Vox", mientras que la socialista Esther Pérez lo ve como "un 'déjà vù'" del anterior gobierno de coalición de estos dos partidos en 2022.

Santos y Pérez han ejercido como portavoces de sus respectivos grupos, Mixto y Socialista, en la comisión de Presidencia en las Cortes de Castilla y León, ante la cual ha comparecido este martes el consejero del departamento para presentar el programa de la actual Legislatura.

Ante uno de los compromisos manifestado por González Gago, como es el acuerdo entre PP y Vox para presentar en las Cortes una Ley de Concordia, que coincide en título y en contenido con la que se comenzó a tramitar en 2024 pero no se culminó debido a la ruptura del acuerdo de gobierno, la procuradora socialista ha incidido en que lo considera un "'déjà vu'" del inicio de la anterior legislatura en 2022, cuando también se produjo un acuerdo de Gobierno entre los 'populares' y los de Santiago Abascal.

"Siguen anunciando la ley de Función Pública, comprometida ya en 2019, siguen comprometiendo la modernización administrativa y el apoyo al municipalismo o qué decir de la Ley de Concordia re-presentada y retirada en 2024", como ha recordado Pérez.

En este sentido, el leonesista Luis Mariano Santos, que forma parte del Grupo Mixto, ha considerado que se trata de una cuestión "puramente ideológica" y que se "contempla única y exclusivamente como parte del pago del Partido Popular" a sus socios de Gobierno.

"Veremos cuánto dura este gobierno y veremos si les da tiempo como en la anterior legislatura a volverla a presentar, a volverla a retirar y veremos otra vez cómo se desarrolla la situación", ha apuntado Santos.

La procuradora de Vox, Susana Suárez, también se ha referido a esta futura Ley, si finalmente se aprueba, como uno de los aspectos que ha destacado de la comparecencia del consejero, mientras que éste apenas ha entrado en este asunto durante sus turnos de réplica a los grupos políticos y se ha limitado a señalar que la Ley "está incluida en el pacto" entre PP y Vox.

El portavoz 'popular' en la comisión, José Luis Sanz Merino, ha señalado que la Ley se dará "en un contexto de reconocimiento a "todas las víctimas de violencia o persecución por razones sociales, políticas, ideológicas o religiosas" y "bajo la premisa de una defensa de una memoria de la historia construida desde la verdad".

En otros asuntos, la portavoz socialista ha incidido en la idea de presentación de propuestas ya realizadas hace cuatro años. "Hoy no ha comparecido un nuevo gobierno, han comparecido las mismas promesas pendientes de Mañueco", ha recalcado en referencia al presidente del Gobierno autonómico y ante la señalada "ausencia de medidas para afrontar el reto demográfico" y los verdaderos problemas que, en su opinión, sufre la comunidad.

"Castilla y León ya no necesita más anuncios. Necesita resultados", ha aseverado.

Asimismo, Pérez ha tildado de "preocupante" que la reforma de la administración, prometida por Mañueco en 2022, se mantenga entre "los anuncios de la Junta" y "los pequeños municipios sigan denunciando falta de financiación, exceso de burocracia y carencia de asistencia técnica".

Asimismo, ha reprochado la negativa de Mañueco a evaluar los resultados de sus políticas que, denuncia, "no han servido para afrontar los grandes retos de Castilla y León, como considera a "la despoblación, la financiación local y la modernización de la administración".

En esta línea, ha acusado al Partido Popular de "gobernar mirando el organigrama impuesto por Vox en vez de el mapa de Castilla y León".

Pérez ha enfatizado que se debe "pasar de una Junta que administra expedientes a una Junta que genere oportunidades", porque Castilla y León necesita más oportunidades para quedarse, para volver y para venir",

En cuanto al representante hoy del Grupo Mixto, ha considerado que, a parte de hablar de mejorar la financiación local, algo que su formación considera "muy necesario", el consejero debería haber planteado "alguna medida más" en ese ámbito, al tiempo que ha reclamado "eliminar los convenios bilaterales que suele utilizar el Partido Popular con ayuntamientos de su mismo color político, incluso para la compra de voluntades".

Por otro lado, ha ironizado sobre si ahora que han vuelto a pactar con Vox se volverá a crear "otra fundación", en referencia crítica a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

Asimismo, ha considerado que la Consejería ha rectificado con la modificación del programa de patrocinio deportivo con la marca 'Castilla y León Nos Impulsa', que como ha detallado el consejero se va a ampliar a clubes de deportes independientemente de que sean o no federados. Posteriormente, González Gago ha añadido que se incorporará al programa clubes de hockey patines, hockey en línea, tenis de mesa, atletismo (Universidad de León) y esgrima.

En cuanto a la posición de Vox, Susana Suárez ha recalcado que ésta tiene que ser en opinión de su grupo "la legislatura de los resultados", en la que los compromisos del acuerdo de Gobierno "deben traducirse en hechos concretos que mejoren la vida de los castellanos y leoneses". Por eso, ha insistido en reclamar la simplificación de la administración, y reducción de la burocracia.

PRIORIDAD NACIONAL

Por otro lado, ha querido recordar que "el principio de prioridad nacional forma parte del acuerdo de Gobierno" y que debe atenderse a él "especialmente en materia de ayudas sociales, apoyo a las familias y al medio rural, siempre dentro del respeto a la legalidad".

Finalmente, el portavoz del PP en esta comisión, José Luis Sanz Merino, ha resaltado entre los compromisos de su compañero de partido el refuerzo de la cooperación económica con entidades locales, "a fin de paliar la minoración de ingresos", la Ley de función pública y la "preocupación" por actualizar la clasificación de los grupos laborales de los funcionarios.