VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha defendido la gestión de su departamento respecto a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y ha remarcado que se limita a "intentar hacer las prestaciones siempre con el mayor beneficio, en este caso para las pacientes".
La reacción del responsable sanitario de la Junta se produce después de que la portavoz socialista, Virginia Jiménez, tachara de "especialmente grave" su silencio, durante su comparecencia en Cortes para exponer su programa de legislatura, en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, capítulo en el exigía que esta prestación sanitaria legal se garantice con dignidad y seguridad en todos los hospitales públicos de referencia de la comunidad.
Vázquez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que a su llegada a la Consejería de Sanidad "solamente había un centro público en el cual se hacían interrupciones voluntarias del embarazo", mientras que en la actualidad la Comunidad cuenta con cuatro centros públicos autorizados para esta intervención.
En su respuesta, el consejero también ha hecho referencia a la Ley Orgánica 1/2023 para recordar que, si bien la normativa estatal recoge el derecho a recibir esta prestación en un centro sanitario público, reconoce igualmente en su artículo 19 la objeción de conciencia de los profesionales médicos.
Por ello, ha insistido en que desde la Consejería se organiza esta prestación médica como cualquier otra "siempre que se puede". En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo autonómico cumple con la obligación que marca la ley orgánica y ha sentenciado que "cuando no se puede, no se puede".
Finalmente, ha emplazado a la portavoz socialista a revisar la situación en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha o Asturias para comprobar si dicha prestación se realiza en todos sus centros públicos.