TARRAGONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una decena de afectados por la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa de L'Aldea (Tarragona), producida a finales de 2011, han declarado este lunes en el juzgado número 1 de Tortosa para pedir justicia después de que 320 impositores tengan todavía bloqueados 4,3 millones de euros.

Según ha explicado a Europa Press el portavoz de los afectados, Jordi Gas, los impositores han ido a declarar con las libretas de ahorro y de depósitos porque la juez quería comprobar los saldos y contrastar la información financiera facilitada por la administración concursal y la antigua junta de la cooperativa.

Este miércoles declarará otra decena de afectados y, en breve, también lo hará Gas, si bien todavía no ha recibido fecha para prestar declaración como portavoz de los impositores.

La Cooperativa todavía tiene pendiente el inicio de las negociaciones con los impositores y acreedores, con los que se intentará pactar unas quitas con el objetivo de reducir la deuda de la cooperativa, que tiene unas pérdidas de 1,5 millones de euros según la auditoría presentada en agosto.

Las declaraciones se enmarcan en las diligencias abiertas por la querella que presentó la Cooperativa contra el exgerente de la entidad Daniel Ferré por los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad en balances, cuentas e informes.

CRECEN LAS IMPUTACIONES

La semana pasada, la titular del Juzgado 1 de Tortosa citó como imputados al exdirector general de Política Financiera de la Generalitat Ferran Sicart y al actual subdirector general de Inspección Financiera, Pablo Benito, unas imputaciones que se sumaron a la del inspector de la Generalitat Ramon Cortacans, que fue imputado el 19 de febrero.

La juez ha detectado indicios de un presunto delito contra la administración pública ya que en 2007, cuando Sicart y Benito, entonces inspector del departamento, realizaron junto con Cortacans, una auditoría que indicaba irregularidades contables graves, si bien fue archivada.

También fueron imputados el expresidente de la cooperativa, Fernando Falcó; el extesorero, Lluís Gilabert y el exsecretario Josep Benito, además del exdirector de la sección de crédito y los responsables de la auditora BDO.

Según el informe de la administración concursal elaborado antes de que se abriera esta causa, el exsecretario de la junta traspasó 18.250 euros de su cuenta a plazo a la de crédito, y el hermano del tesorero, Juan Gilabert, también traspasó 20.500 euros antes del colapso de la sección de crédito.

El exgerente Daniel Ferré retiró 160.000 euros que depositaron en las cuentas de uno de sus dos hijos, también imputados, como también lo está el cuñado de Ferré, José Chavarría.