MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones ecologistas, de consumidores y de agricultores españoles convocaron hoy una manifestación para el próximo 17 de abril contra la política del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino porque consideran que los ciudadanos están "cansados de vivir en el único país de la Unión Europea" donde se tolera el cultivo de maíz transgénico a gran escala, y contra la aprobación hoy por parte de la Comisión Europea de la autorización de una patata genéticamente modificada, que fue apoyada por España.

Así, Amigos de la Tierra, CECU, la COAG y Greenpeace denuncian que el cultivo de patata transgénica autorizada hoy en Bruselas es ""peligrosa" y podría incrementar la resistencia a los antibióticos, por lo que supone un "riesgo inaceptable para la salud de las personas, los animales y el medio ambiente".

Además, critican que una de las "primeras decisiones" de la nueva Comisión Europea sea la autorización del primer cultivo transgénico desde 1998, y que el comisario de Salud y Consumidores, John Dalli, de acuerdo con el presidente Durao Barroso, haya dado la autorización mediante un procedimiento que evita el debate en el Colegio de Comisarios.

También aseguran que la patata transgénica 'Amflora', desarrollada por BASF, contiene un gen que la hace resistente a determinados antibióticos, por lo que califican de "grave" la decisión sin debate de todos los comisarios adoptada por la Comisión Europea y que Dalli, "cuya misión es proteger a los consumidores", ha tomado la decisión sin considerar la opinión pública, ni la seguridad "con el objetivo de complacer a la mayor empresa química del mundo".

En ese sentido, señalan en un comunicado que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento han advertido de la importancia de los antibióticos afectados por la patata Amflora, y que podría aumentar la resistencia de algunas bacterias a antibióticos imprescindibles en tratamientos contra la tuberculosis, y añaden que la mayor parte de los países miembros de la UE se han opuesto a su autorización, ante lo que los firmantes exigen a los Estados miembro que prohíban el cultivo de esta patata en su territorio.