BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
PSC, PP e ICV-EUiA han alertado este martes de indicios de mala gestión en el canal Segarra-Garrigues a partir del informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya correspondiente a los años 2010 y 2011 de Reg Sistema Segarra-Garrigues (Regsega), empresa pública constituida en 2002 para proyectar, construir y explotar las infraestructuras necesarias para la distribución de agua procedente del canal.
Representantes de los tres grupos parlamentarios han señalado en la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlament que el informe detecta incumplimientos de la ley de contratación del sector público, como falta de publicidad para adjudicar contratos o indicios de fraccionamiento en otros.
Jordi Terrades (PSC) ha instado a Regsega a cumplir la ley de contratación del sector público: "Que no se actúe por comodidad y programen adecuadamente para cumplir la normativa", y José Antonio Coto (PP) ha añadido que cumpla también adecuadamente con la normativa ambiental.
Marta Ribas (ICV-EUiA) ha sido la más crítica y ha afirmado que su grupo lleva años reclamando transparencia en un proyecto que ha calificado de insostenible económicamente, con una desviación presupuestaria de 1.000 millones de euros, y con infrautilización.
"En lugar de servir para beneficiar al territorio y crear empleo, ha acabado siendo una red clientelar, de capitalismo de amiguetes", ha aseverado, y ha recordado que en febrero llevaron a la Fiscalía los datos del informe de la Sindicatura --publicado en enero-- junto con entidades ecologistas y Aigua és Vida, ya que defienden que han sido vulnerados múltiples principios de la ley de contratación del sector público como práctica regular.
Albert Donés (ERC) también ha lamentado la "poca transparencia que acompaña a esta obra y su gestión", y ha pedido mayor cuidado en el uso de los recursos públicos, así como un derecho a riego con precios asumibles para los agricultores.
INFORME
El informe de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya manifiesta la necesidad de conciliar el plan de ejecución de las obras del canal Segarra-Garrigues, en cumplimiento estricto de la normativa medioambiental europea y de las normas contables, con el plan de endeudamiento, así como de fijar el límite adecuado que permita afrontar los compromisos adquiridos.
La síndica Emma Balseiro ha repasado que el canal Segarra-Garrigues se creó para transformar en regadío 70.150 hectáreas de tierras de secano del margen izquierdo del río Segre de las comarcas de Lleida, y se estructura en un canal principal y una red secundaria de distribución de regadío, de la que se encarga la Generalitat, además de la concentración parcelaria del sistema, mientras que corresponde al Gobierno las obras de transporte y regulación.
La actividad principal de Regsega se realiza a través de un contrato firmado en 2003 con un grupo de empresas bajo el nombre Aigües del Segarra-Garrigues, que se encarga de las obras de concentración parcelaria y de redactar los proyectos y construir la red de distribución del sistema, con un plazo de ejecución inicial de nueve años, de explotación y mantenimiento de 30 y con un plan de financiación a 20 años.
Para este informe, Regsega no corrigió ni cuantificó los ajustes sobre las obras y tarifas de la red de riego con motivo del cumplimiento de las directivas europeas en materia ambiental.
La afectación medioambiental de las obras del Segarra-Garrigues está estimada en 41.183,54 hectáreas de las 70.150 previstas inicialmente, lo que ha tenido como efecto la reducción de las hectáreas regables.
AUDITORÍA Y DEBATE MONOGRÁFICO
En marzo, el Parlament acordó hacer una auditoría independiente sobre el coste del Canal Segarra-Garrigues que evaluara la gestión de este proyecto, a cargo de Regsega, entre 2003 y 2014, precisando que esta fiscalización no afecte al calendario de ejecución de las obras.
La moción --presentada por ICV-EUiA y apoyada por todos los partidos salvo el PSC-- también estipuló celebrar en junio un debate monográfico en la Comisión de Agricultura del Parlament con todos los agentes implicados sobre el futuro del canal y su sostenibilidad económica y ambiental.
En esta sesión se presentarán dos informes: uno que hizo el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (Cads) de la Generalitat en 2013 que cuestionaba la viabilidad económica de la obra, y el debatido este martes de la Sindicatura de Cuentas.
