10 millones para implementar las medidas de mejora del poder adquisitivo de la ciudadanía
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consell General aprobará este próximo jueves el proyecto de ley por el cual se obligará a los empresarios a aplicar el IPC (3,3%) a todos aquellos salarios entre el mínimo interprofesional y los 27.130,44 euros anuales, el sueldo medio del febrero pasado.
El Gobierno ha aprobado el texto este martes mediante la celebración de un Consejo de ministros extraordinario y ha tramitado el proyecto por la vía de extrema urgencia y necesidad, que permite que el trámite parlamentario se concentre en 48 horas, ha explicado el ministro de Finanzas y Portavoz, Eric Jover, en rueda de prensa este martes.
En el parlamento, los grupos de la coalición que apoyan al Gobierno --Demcrates, Liberals y Ciutadans Compromesos-- cuentan con la mayoría absoluta, lo que hace prever que el proyecto de ley de medidas para mejorar el poder adquisitivo de la ciudadanía se apruebe.
El texto prevé que el aumento de los salarios sea retroactivo a partir de 1 de junio, además de otras acciones para "ayudar a los ciudadanos en este contexto de desgaste del poder adquisitivo".
Jover ha repasado las distintas medidas, algunas de ellas ya en vigor, pensadas para reducir el impacto de la elevada inflación que se registra en el Principado como consecuencia de la ruptura de la oferta derivada de la pandemia de Covid-19 y del conflicto bélico en Ucrania.
Así, además del aumento de los salarios inferiores al medio --medida que se prevé que tenga un efecto directo en 24.500 personas--, también se incrementan un 3,67% las pensiones por debajo del salario mínimo, una medida que impactará en 3.200 personas.
MODIFICACIÓN FISCAL
El proyecto de ley también establece un tipo reducido del Impuesto General Indirecto --equivalente al IVA-- del 1% para los productos de higiene íntima femenina y para el cuidado de bebés.
De la misma manera, el texto encomienda al Gobierno la revisión del impuesto sobre las viviendas vacías para hacerlo "más eficiente", con la voluntad de que se pongan más viviendas al mercado de alquiler y así se reduzca la presión en este.
Las medidas han sido presentadas al Consejo Económico y Social --en el que hay representantes empresariales y sindicales-- y a los distintos grupos parlamentarios, de quienes se han tenido en cuenta algunas aportaciones.
El pasado 11 de mayo el Ejecutivo ya aprobó el incremento de los salarios mínimos hasta los 1.201,20 euros, la flexibilización del acceso a distintas ayudas --a la vivienda y a la educación, entre otras-- y la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes, entre otras medidas, por vía reglamentaria.
CRÉDITO EXTRAORDINARIO DE 10 MILLONES
Para hacer frente al coste de las distintas medidas, el proyecto de ley prevé un presupuesto extraordinario de 10 millones de euros, que está previsto que se "sufrague a través de la tesorería disponible y de la recaudación de ingresos más elevada de la prevista".
En este punto, el ministro de Finanzas y Portavoz ha informado que el Ejecutivo trabaja para presentar un nuevo plan financiero 2020-2025 y un nuevo marco presupuestario 2021-2023, que se presentaran "en el mejor plazo posible".
