BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
Irídia ha pedido a los Mossos d'Esquadra que diseñe sus dispositivos policiales para la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, limitando "al máximo" el uso de la fuerza.
Así lo ha manifestado este lunes la presidenta de Irídia, Anaïs Franquesa, durante una rueda de prensa junto al codirector de Novact, Luca Gervasoni, y la copresidenta de Lafede.cat, Arés Perceval, en la que las tres entidades han presentado el dispositivo de observación y monitorización de Som Defensores para prevenir y documentar posibles vulneraciones de derechos durante la huelga del 11N en Catalunya.
Som Defensores es una red de observación de derechos humanos impulsada por Irídia, Novact y Lafede.cat, nacida en 2017 a raíz de las movilizaciones del 1 de octubre y, desde entonces, activa dispositivos de observación en contextos de protesta para documentar y denunciar las vulneraciones de derechos, especialmente los vinculados a actuaciones policiales.
GAS PIMIENTA
Franquesa ha subrayado que la responsabilidad principal de garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales, como son el de huelga y a manifestación, recae en los cuerpos policiales.
Es la policía la principal autoridad encargada de mantener el orden público, lo que incluye la responsabilidad de proteger las reuniones pacíficas, pero también aquellas que puedan causar algún cierto grado de interrupción de las actividades rutinarias de quienes decidan no secundar el paro: "Una huelga general es, por definición, una disrupción de la cotidianidad".
Franquesa ha reconocido que les preocupa mucho el eventual uso del gas pimienta por parte de los Mossos como forma de dispersar manifestaciones y concentraciones: "La reciente publicación del protocolo parece indicar que lo quieren usar esta semana y, en este sentido, cabe destacar que esta arma no se debe usar para dispersar a un grupo, ni en casos de resistencia pasiva", sino únicamente en casos de violencia o amenaza inminente de un daño.
La directora de Irídia ha afirmado que el protocolo de los Mossos establece dos excepciones, que incluyen su uso frente a la violencia pasiva y en lugares cerrados, un hecho que desde la entidad consideran injustificable y piden que no lo apliquen.
También ha dicho que les preocupa el uso de los vehículos policiales como forma de dispersión, el uso del bastón policial en la cabeza, como se vio el domingo en Manresa (Barcelona), así como las identificaciones policiales por perfil "étnico-racial".
MÁS DE 60 PERSONAS
Ante la preocupación del uso de la fuerza que puedan ejercer los cuerpos policiales, estas tres entidades han decidido desplegar un dispositivo formado por más de 60 personas, de las cuales entre 35 y 40 estarán en el área metropolitana de Barcelona desde las 6.30 horas hasta el final de las protestas, ha explicado Gervasoni.
El resto, entre 20 y 25 personas, estarán en el centro de coordinación del dispositivo de observación, y supervisarán a través de las redes el conjunto de movilizaciones en Catalunya y harán tareas de comunicación y contactos con la prensa.
Gervasoni ha manifestado que el objetivo principal es "preventivo" y que ya se ha informado de este dispositivo a la Comisaría General de Relaciones Institucionales de los Mossos d'Esquadra.
Además, durante la jornada de huelga irán identificados con casco y chaleco y se presentarán a las fuerzas policiales presentes, y ha defendido dicho que, en su experiencia, esto sirve para limitar determinadas prácticas policiales.
El segundo, es documentar cualquier caso de abuso o violencia institucional y, en tercer lugar, contribuir a la protección de personas que hayan podido sufrirla y ha recordado que Irídia ofrece atención jurídica y psicosocial gratuita a través del Servei d'Atenció i Denúncia d'Irídia (Saidavi).
HUELGA
Por su parte, Perceval ha subrayado que desde Lafede.cat se han sumado a la huelga general como buena parte del tercer sector porque creen que sobran las razones y que, como sociedad civil, saben que las soluciones "nunca serán individuales".
Ha destacado que trabajan con miles de organizaciones sociales y comunitarias de todo el mundo para denunciar y transformar las estructuras políticas, económicas y sociales que provocan tantas desigualdades.
Como defensores de los derechos humanos, ha remarcado que el acceso a la vivienda es un problema global, y que los fondos buitre que operan en nuestro país son la evidencia de que la vivienda ha pasado de ser "un derecho, a ser un activo financiero internacional".
De este modo, ha denunciado que la vivienda es la principal causa de empobrecimiento en nuestra sociedad, y ha recordado que esta crisis afecta de forma más intensa a los colectivos especialmente vulnerables, como los niños y las personas migrantes y racializadas.
Asimismo, ha recordado los suicidios que ponen de manifiesto las graves afectaciones que la falta de vivienda o su pérdida tienen sobre la salud mental de las personas: "El expolio y la acumulación de riqueza en unas pocas manos y la falta de respuesta de las administraciones de un escudo social real generan mucha violencia".
