BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil ha detenido este jueves a 18 personas por diversos presuntos delitos, durante la operación que ha realizado vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, en la que ha practicado 24 entradas y registros. Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, los hechos incluyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Entre los detenidos durante el registro han estado el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el exdirigente de CDC Francesc Sánchez; el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez; el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives y el exgerente municipal barcelonés Constantí Serrallonga. Las mismas fuentes han añadido que el destino de cada uno de los detenidos dependerá de su nivel de implicación en los delitos y del riesgo de destrucción de pruebas. Según otras fuentes cercanas al caso, han estado detenidos durante los registros el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; los exdirigentes de CDC Francesc Sánchez y Andreu Viloca (extesorero); el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez; el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives y el exgerente municipal barcelonés Constantí Serrallonga. Las entradas y registros de este jueves son consecuencia de un informe de la Guardia Civil del 27 de enero de 2017 que pone de manifiesto varios supuestos "de contratación --de obras públicas-- que habrían sido amañados", según la Fiscalía. Estos supuestos amañados no consistían en saltarse los requisitos formales de los concursos de obra pública, sino en ser "otorgados previamente", con lo que para entender el fraude hay contextualizarlo con las reuniones previas que se celebraban y las donaciones, sobre todo a la fundación Catdem, vinculada a CDC. La Fiscalía sitúa el origen de la investigación en la 'Operación Petrum', centrada en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), donde detectaron una supuesta alteración en el concurso público de un parking --a partir de una denuncia de ERC-- y se desvelaron presuntos sobornos del empresario Jordi Sumarroca al que era alcalde, Daniel Masagué (CiU). Tras registrar la empresa Teyco --vinculada a la familia Sumarroca-- y el domicilio particular de Jordi Sumarroca, la Fiscalía concluyó que, además de sobornos al alcalde, "se consumaban sobornos hacia CDC" a través de 'donaciones' a Catdem, todo ello a cambio de adjudicaciones de obras. Anticorrupción también sostiene que esta mecánica se utilizó en otros ayuntamientos donde la extinta CiU gobernaba, como Figueres, Lloret de Mar (Girona), Sant Celoni y Sant Cugat (Barcelona). Esto fue lo que propició la posterior entrada y registro en estos ayuntamientos, en la fundación CatDem y en la sede de CDC, al comprobarse que el despacho del administrador de la fundación, Andreu Viloca, estaba en la misma sede del partido, pues también era tesorero de CDC así como de otras fundaciones afines. De la documentación incautada en su despacho, concluye que Viloca hacía un "especial seguimiento" de las adjudicaciones que efectuaban las instituciones públicas gobernadas por CDC en ayuntamientos, diputaciones y a nivel autonómico en la empresa pública Infraestructures.cat. Una vez analizada la documentación de los registros de julio y agosto de 2016 y de los de los mismos meses de 2015, la Fiscalía cree que acreditado que Viloca "era quien controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo apariencia de donaciones" a través de la Catdem y Forum Barcelona.
