BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
¿Qué es el 'caso 3%'?
La Guardia Civil ha detenido este jueves a 18 personas por diversos presuntos delitos, durante la operación 'Pika' que ha realizado vinculada a la presunta financiación irregular de CDC, en la que ha practicado 24 entradas y registros.
Los hechos incluyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.
Fuentes de la investigación han explicado a Europa Press que, de los 18 detenidos, está previsto que algunos queden en libertad a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) --ya como investigados--, mientras que otros serán llevados a dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona.
Las mismas fuentes han añadido que el destino de cada uno de los detenidos dependerá de su nivel de implicación en los delitos y del riesgo de destrucción de pruebas.
Según otras fuentes cercanas al caso, han estado detenidos durante los registros el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; los exdirigentes de CDC Francesc Sánchez y Andreu Viloca (extesorero); el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez; el exconcejal de CDC en Barcelona Antoni Vives y el exgerente municipal barcelonés Constantí Serrallonga.
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
Las entradas y registros de este jueves son consecuencia de un informe de la Guardia Civil del 27 de enero de 2017 que pone de manifiesto varios supuestos "de contratación --de obras públicas-- que habrían sido amañados", según la Fiscalía.
Estos supuestos amañados no consistían en saltarse los requisitos formales de los concursos de obra pública, sino en ser "otorgados previamente", con lo que para entender el fraude hay contextualizarlo con las reuniones previas que se celebraban y las donaciones, sobre todo a la fundación Catdem, vinculada a CDC.
La Fiscalía sitúa el origen de la investigación en la 'Operación Petrum', centrada en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), donde detectaron una supuesta alteración en el concurso público de un parking --a partir de una denuncia de ERC-- y se desvelaron presuntos sobornos del empresario Jordi Sumarroca al que era alcalde, Daniel Masagué (CiU).
Tras registrar la empresa Teyco --vinculada a la familia Sumarroca-- y el domicilio particular de Jordi Sumarroca, la Fiscalía concluyó que, además de sobornos al alcalde, "se consumaban sobornos hacia CDC" a través de 'donaciones' a Catdem, todo ello a cambio de adjudicaciones de obras.
Anticorrupción también sostiene que esta mecánica se utilizó en otros ayuntamientos donde la extinta CiU gobernaba, como Figueres, Lloret de Mar (Girona), Sant Celoni y Sant Cugat (Barcelona).
Esto fue lo que propició la posterior entrada y registro en estos ayuntamientos, en la fundación CatDem y en la sede de CDC, al comprobarse que el despacho del administrador de la fundación, Andreu Viloca, estaba en la misma sede del partido, pues también era tesorero de CDC así como de otras fundaciones afines.
De la documentación incautada en su despacho, concluye que Viloca hacía un "especial seguimiento" de las adjudicaciones que efectuaban las instituciones públicas gobernadas por CDC en ayuntamientos, diputaciones y a nivel autonómico en la empresa pública Infraestructures.cat.
Una vez analizada la documentación de los registros de julio y agosto de 2016 y de los de los mismos meses de 2015, la Fiscalía cree que acreditado que Viloca "era quien controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo apariencia de donaciones" a través de la Catdem y Forum Barcelona.
La 'operación Pika' afecta a tres importantes organismos públicos que, de acuerdo a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas.
Las empresas investigadas, según fuentes de la investigación, son Copisa, Grupo Soler, Rogasa, Oproler, Pasquina y Comsa. Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos, presuntamente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC.
La Guardia Civil sospecha que esta dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.
250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de una investigación en una operación que es continuidad de 'Petrum'. El operativo está dirigido por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).
El Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) ha acordado registros en Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Berga (Barcelona), Lleida, Girona, Madrid y Majadahonda.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez ha acordado estas diligencias a petición de la Fiscalía en el marco de la conocida investigación por el 3%, aunque no ha acordado ninguna detención --la Policía Judicial o la Fiscalía pueden decidir si es necesario practicar arrestos durante el operativo--.
