33 tribunales de instancia catalanes entran en funcionamiento este martes para agilizar la justicia

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visita las instalaciones adaptadas a los nuevos tribunales de instancia en el partido judicial de Gavà (Barcelona)
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visita las instalaciones adaptadas a los nuevos tribunales de instancia en el partido judicial de Gavà (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 30 junio 2025 10:40

Espadaler: "La disyuntiva era o colapso o reforma, y la opción escogida ha sido la reforma"

GAVÀ (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha visitado las nuevas instalaciones judiciales de Gavà (Barcelona), uno de los 33 partidos judiciales que este martes dejarán de ser juzgados unipersonales para transformarse en tribunales de instancia.

Este cambio se enmarca en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial y la primera fase de la implantación del nuevo modelo organizativo --que incluye a 33 de los 49 partidos judiciales en Catalunya--, entrará en vigor el 1 de julio.

Esta transformación supone un cambio estructural con el que se busca prestar un servicio público de justicia más eficiente, moderno y próximo a la ciudadanía.

Para ello, se simplifica la estructura judicial y se optimiza la organización de los órganos judiciales, unificando los servicios bajo un único tribunal por partido judicial y reforzando la cooperación entre juzgados y oficinas judiciales con la creación de servicios comunes.

33 PARTIDOS JUDICIALS

La primera fase incluye la transformación de 33 partidos judiciales en Catalunya, aquellos que tienen juzgados de primera instancia e instrucción mixtos y de violencia sobre la mujer (VIDO).

También se adaptarán 26 oficinas judiciales ya existentes y se crearán otras 7 en Blanes (Girona), Cornellà de Llobregat (Barcelona), Igualada (Barcelona), Mollet del Vallès (Barcelona), El Prat del Llobregat (Barcelona), Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

"LA DISYUNTIVA ERA COLAPSO O REFORMA"

Durante una visita el viernes al partido judicial de Gavà, donde se ultimaba la reorganización de los espacios, Espadaler aseguró que la justicia en Catalunya estaba, en algunos casos, a un paso del colapso: "La disyuntiva era o colapso o reforma, y la opción escogida ha sido la reforma".

Los ciudadanos lo notarán, según el conseller, en una mayor eficiencia judicial y en una mayor celeridad; también en la proximidad, porque contempla la creación de oficinas de justicia en municipios que carecen de juzgados y, por último, en una mayor especialización pues, por ejemplo, los juzgados de VIDO asumirán a partir de ahora las competencias en materia de violencia sexual.

La reforma ha sido "intensa", pues ha requerido de cambios organizativos, de los espacios físicos, de la señalética y, sobre todo, de la creación de las oficinas judiciales que darán servicio a los tribunales de instancia.

Espadaler ha precisado que la aplicación de la Ley de Eficiencia, --cuya última fase del modelo organizativo entrarán en vigor en diciembre de 2025--, supone un "cambio de cultura" y transforma una justicia propia del siglo XIX en una justicia del siglo XXI.

Además, ha aclarado que la transformación se ha hecho en paralelo a las tareas judiciales del día a día, por lo que ha agradecido el sobreesfuerzo que ha tenido que hacer el personal de los órganos judiciales, los miembros de la Administración de Justicia, los sindicatos, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Fiscalía y el resto de operadores, como la abogacía.

Esta ley "abre un horizonte de una justicia más próxima, más ágil, más eficiente, al servicio de la ciudadanía" y supone una oportunidad que Catalunya no dejará pasar para ofrecer un mejor servicio público de justicia, ha insistido el conseller.

REFORMA "HISTÓRICA"

La decana del partido judicial de Gavà, Mónica Buetas, que ha acompañado al conseller durante la visita, ha tildado esta reforma de "histórica" y ha destacado que se ha conseguido en tiempo récord.

Se ha hecho gracias al apoyo de la Conselleria de Justicia y al trabajo, entre otros actores, de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que a partir de ahora "asumirán cargos de dirección", así como del resto de los funcionarios de los juzgados.

Buetas se ha mostrado "optimista" con el cambio organizativo y ha dicho que espera que aporte más agilidad a los tribunales, aunque ha avanzado que estarán en contacto con la Conselleria para paliar los problemas que puedan surgir dado que la organización cambia por completo, pasando de órganos judiciales estancos a tribunales de instancia con servicios comunes que darán respuesta a los diferentes momentos procesales.

CAMBIOS

Este nuevo modelo trae aparejados también cambios normativos, como la derogación del decreto que hasta ahora regulaba la estructura de las oficinas judiciales en Catalunya y la aprobación del nuevo modelo de referencia para los 49 partidos judiciales.

Asimismo, el Consell Executiu aprobó en abril un Pla de Justícia de Pau i Proximitat y estableció nuevos criterios de actuación y reorganización de los servicios.

También ha comportado una reconfiguración de los servicios comunes y especializados (ejecución, tramitación y atención al público), la incorporación de nuevos lugares de trabajo vinculados al archivo judicial, Registro Civil y gestión documental y una redefinición de los LAJ.

Para hacer posible esta nueva estructura se han hecho obras y actuaciones de adecuación física, como la renovación de la señalización exterior e interior, el rediseño de espacios para transformar despachos compartimentales en zonas abiertas, la creación o actualización de puntos de atención a la ciudadanía y la revisión y adecuación del mobiliario y equipamientos informáticos.

También ha requerido de formación para los profesionales mediante cursos dirigidos al personal judicial y de administración, jornadas organizadas en colaboración con colegios profesionales y entre entidades locales y la participación en conferencias sectoriales, entre otras.

El coste de esta primera fase ha sido, según los datos aportados por la Conselleria de Justicia, de 1.567.840,38 euros.

Contenido patrocinado