El 45,4% de las quejas al Síndic de Greuges en 2022 son sobre vulneraciones de derechos sociales

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha alertado este miércoles de que el 45,4% de las quejas y actuaciones de oficio que han registrado desde la institución en 2022 están relacionadas con vulneraciones de derechos del ámbito social.

Giménez-Salinas ha pedido políticas públicas "valientes" para combatir la pobreza en Catalunya el día en el que ha entregado a la vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés, el informe anual del Síndic de 2022.

El año pasado la institución atendió un total de 18.068 personas e inició 23.527 actuaciones, de las cuales 9.953 fueron quejas, 13.381 consultas y 193 actuaciones de oficio, y Giménez-Salinas ha explicado que, de cara al próximo informe anual, incluirán las características y el perfil de las personas que acuden a la institución.

De los más de 14.000 expedientes cerrados en 2022, aproximadamente en la mitad se ha detectado alguna actuación irregular o mejorable por parte de la administración.

En estos casos, el Síndic de Greuges realiza recomendaciones o sugerencias, que en el 80% de las más de 4.500 resoluciones se han aceptado totalmente, y en el 19,4% se han aceptado de forma parcial.

A la síndica le preocupan especialmente el acceso efectivo a una vivienda digna, las listas de espera en salud y la falta de profesionales en ciertas especialidades, sobre todo la cobertura de los servicios que garantizan la medicina de familia, la pediatría y la salud mental tanto infantil como adulta.

ÁMBITO SOCIAL

La síndica ha advertido de "problemas endémicos" como las listas de espera en salud y ha remarcado otras cuestiones como la necesidad de informar a los pacientes de los cambios de personal sanitario y de la necesidad de que los servicios sanitarios presten atención personalizada a las personas más frágiles.

También ha subrayado la necesidad de modificar la renta garantizada de ciudadanía para que llegue a más personas en situaciones de pobreza, incluso a personas con trabajo, más allá de los casos que ya se tienen en cuenta en la actualidad.

En el ámbito de infancia, el informe alerta del aumento de la vulnerabilidad social así como que el 38,6% de los menores en situación de pobreza severa no son beneficiarios ni del ingreso mínimo vital ni de la renta garantizada de ciudadanía.

VIVIENDA Y CITA PREVIA

Las quejas en vivienda han crecido un 34% respecto al año anterior, incrementando significativamente los casos de emergencia residencial, acceso a la vivienda y demora en la tramitación de alquileres, por lo que ve "imprescindible" que las administraciones trabajen preventivamente para evitar la pérdida de la vivienda y reduzcan el plazo para el pago de los alquileres.

El informe también sostiene que la cita previa no puede ser un requisito para que las administraciones atiendan a las personas, y ha pedido que eliminen esta práctica porque "la restricción del derecho a acceder presencialmente a dependencias de la administración puede generar situaciones de desatención y desigualdad en el acceso o incluso la imposibilidad de ejercer derechos y facultades que están sujetas a un plazo".