La Abogacía de Barcelona pide que el desamparo de menores se realice con un procedimiento judicial

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía de Barcelona reclama que el desamparo de menores se realice a través de un procedimiento judicial y no sólo administrativo, como ocurre en la actualidad.

Así lo ha confirmado el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) en un comunicado este martes, en el que la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia recoge las conclusiones de la jornada 'Un sistema de protección a la infancia en revisión: hacia un modelo más garantista y respetuoso con los derechos" celebrada el pasado 14 de abril.

Las conclusiones se han dado a conocer el mismo día en que el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, en vigor desde 2021, y que garantiza que todos los niños y niñas, independientemente de su edad, sean escuchados en procesos judiciales y administrativos, y refuerza su protección frente al maltratador.

La Abogacía exige que la separación de un menor de su núcleo familiar requiera de la intervención de un juez, un fiscal y abogados especializados y que los protagonistas tengan un juicio con todas las garantías que establece la Constitución, pues "actualmente no es así".

Además, esta jornada ha permitido constatar que el sistema de protección a la infancia y adolescencia en Catalunya "hace tiempo que arrastra disfunciones estructurales que no se han resuelto pese a los reiterados anuncios de cambio", una transformación que no solo se considera necesaria sino inevitable.

Otra de las conclusiones a las que ha llegado la Abogacía de Barcelona es que la protección de la infancia continúa arrastrando una mirada "excesivamente tutelar e institucional", heredera de una tradición que ha tardado décadas en reconocer a los menores como sujetos de pleno derecho.

De esta manera, y pese a la Convención sobre los Derechos del Infante de 1989, todavía vigente, la práctica cotidiana del sistema refleja dificultades para incorporar de manera efectiva las garantías jurídicas en los procedimientos de riesgo y desamparo, así como la tendencia persistente a la separación y la institucionalización como respuesta protectora preeminente.

SE INTERVIENE TARDE

También se ha repetido en varias de las mesas que "ayudar y controlar" no pueden ser funciones ejercidas por el mismo actor sin que se generen conflictos, desconfianza o vulneración de derechos y que, cuando la prevención fracasa y se activa el sistema de protección, resulta imprescindible separar los roles de control administrativo y de acompañamiento y apoyo a las familias.

La jornada también ha puesto de manifiesto que el principal déficit del sistema es la insuficiencia "crónica" de la prevención, de forma que se interviene tarde, cuando las situaciones de riesgo ya se han cronificado, lo que reduce de manera significativa las opciones de que el menor pueda continuar en su entorno familiar, al que se le podría prestar un apoyo y seguimiento a través de los servicios sociales del territorio.

También se ha puesto foco en la importancia de diseñar recursos de apoyo que no sean asistenciales o paternalistas, sino ajustados a las necesidades reales de las familias, y que se sitúe a las mismas como agentes activos de cambio y se les involucre de manera corresponsable.

Otro consenso al que se ha llegado en esta jornada ha sido la necesidad de poner "límites claros" a la institucionalización de los menores, que debe ser la última medida de protección, y se ha reiterado que crecer en un centro no puede ser una experiencia normalizada en la vida de los niños, sino que vivir en familia --la suya, cuando sea posible-- tiene que constituir el eje vertebrador del sistema.