Académicos y estudiantes lanzan una campaña de apoyo a la sindicatura del 1-O antes de su juicio

   BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Académicos y estudiantes universitarios han presentado este miércoles una campaña de apoyo a los miembros de la sindicatura electoral del 1-O, que a partir del miércoles 4 de noviembre serán juzgados por los presuntos delitos de desobediencia y usurpación de funciones, y reclaman su absolución.

   El cantautor y exdiputado de JxCat Lluís Llach ha moderado la presentación en el campus de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en la que además de los miembros de la sindicatura han intervenido un representante de los estudiantes y la portavoz del grupo de apoyo, Maria Rosa Bayà.

   Bayà ha explicado que están centrando su trabajo en organizar una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona al inicio del juicio y, ante la dificultad para convocar actos presenciales a causa del coronavirus, ha detallado que focalizarán la campaña en las redes sociales.

   El catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura del 1-O, ha recalcado que todos fueron elegidos para el cargo, y lo ejercieron, en su calidad de académicos: "Por tanto, también estamos siendo perseguidos como académicos".

   "Es evidente que volveríamos a aceptar un encargo de estas características", ha añadido Matas, y ha dicho que no renunciarán a su responsabilidad académica.

   En la misma línea, la profesora de Ciencia Política en la UPF Tània Verge ha reivindicado que no están "haciendo una reinterpretación interesada de la idea de libertad académica, esto lo dice la Unesco, la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), no hay ninguna muralla entre el conocimiento académico y la sociedad".

   La primera querella en esta causa incluía la acusación de malversación y una petición de unos 10 años de cárcel, y finalmente los cinco miembros de la sindicatura electoral del 1-O serán juzgados por presunta desobediencia y usurpación de funciones, y se enfrentan a una condena de dos años y nueve meses de cárcel.

   Llach ha considerado que "a partir del 1-O la persecución es generalizada, con represión desatada", y ha sostenido que la intención en este juicio es escarmentar a quienes participaron en la votación.

DEFENSA "ESTRICTAMENTE JURÍDICA"

   El profesor de Derecho Administrativo en la UB y miembro de la sindicatura electoral en 2017 Marc Marsal ha defendido que hay "elementos más que suficientes para, de forma estrictamente jurídica, discutir la calificación de hechos de la Fiscalía".

   "Los elementos probatorios de la Fiscalía no son excesivamente lucidos, discutiremos de forma más clásica", ha asegurado.

   Ha criticado que el fiscal les acusa de desobediencia como particulares o, de forma alternativa, de desobediencia como autoridades, lo que considera que "genera indefensión" a los procesados.