Los acusados de una macroestafa inmobiliaria en Catalunya aceptan condenas inferiores a 5 años

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos principales investigados del 'caso Cocoon', una macroestafa inmobiliaria cometida entre 2009 y 2015 con más de un centenar de víctimas, en su mayoría en Catalunya, han aceptado penas de hasta 4 años y medio de prisión por delitos de estafa agravada y falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las partes han alcanzado un acuerdo este lunes, fecha en la que estaba previsto que comenzase el juicio en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, y los 14 procesados han reconocido la autoría de los hechos de los que estaban acusados ante el tribunal, que ha dictado una sentencia de conformidad 'in voce' y ha avanzado que la responsabilidad civil se dirimirá en un juicio por la vía civil.

El abogado Francisco Comitre ha sido condenado a 2 años y 1 mes de cárcel como autor de un delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad documental, a 10 meses por blanqueo y a 1 año y 8 meses por pertenencia a grupo criminal; también a inhabilitación para ejercer su profesión durante más de 9 años y a una multa de 7.200 euros.

Por su parte, el notario Enrique Peña ha aceptado 3 años y 2 meses de prisión --1 año y 9 meses como cooperador de estafa agravada en concurso con falsedad documental y 1 año y 5 meses por blanqueo--, a una multa de 13.200 euros y a la inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.

Además, se ha acordado la nulidad de algunas de las escrituras públicas y de la inscripción de las propiedades en el Registro de la Propiedad --algunas fueron adquiridas de buena fe por terceros--, así como de las sociedades, que fueron creadas con el único objetivo de cometer el fraude inmobiliario.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para los acusados penas que superaban los 20 años de prisión --en el caso de Comitre--, por delitos de estafa agravada y falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, que ha rebajado sustancialmente.

LOS HECHOS

Según el escrito del Ministerio Público consultado por Europa Press, los procesados se apoderaron de las viviendas de las víctimas sin abonar "contraprestación económica alguna por la adquisición de dicha propiedad" o abonaban una cantidad muy inferior al valor de mercado de dichos inmuebles.

Así, lograron hacerse con más un centenar de propiedades en Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Terrassa (Barcelona) y la capital catalana; también en Vila-Seca, Cambrils, Comarruga y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), entre otras localidades.

Los acusados captaron a clientes "con escasos o nulos" conocimientos financieros y jurídicos y que se encontraban en situación de necesidad ofertando, principalmente a través de la prensa escrita, productos financieros similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia con reserva de usufructo vitalicio.

Los procesados les ocultaron a los afectados que lo que realmente iban a firmar, sin su "conocimiento ni consentimiento", era la compraventa de su vivienda por un precio muy inferior a su valor de mercado, sin la adopción de garantía alguna en favor de los clientes en caso de que los acusados no pagasen la totalidad del precio al que se habían comprometido.

Para cometer este fraude inmobiliario, fue "esencial" que un notario otorgase una escritura pública de compraventa en la que los clientes, que creían estar contratando un préstamo personal para aliviar sus deudas, vendiesen sus propiedades sin ser conscientes de ello.

Todo esto, sin que se adoptase ninguna garantía para que los clientes pudiesen recuperar la propiedad sobre dichas viviendas en caso de descubrir el fraude o para que pudiesen cobrar la diferencia entre el "vil" precio fijado y el de mercado.

En la comisión de este fraude participaron dos notarios --uno de ellos, Peña--, así como 3 oficiales de Notaría, también procesados, de Barcelona y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

Por ese motivo, tanto el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) como el Colegio Notarial de Catalunya estaban personados como acusación en esta causa.