BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha asegurado este miércoles que la deuda vencida de la Generalitat con la ciudad ha crecido un 50% con el mandato de Ada Colau, después de que el Govern haya reconocido 90 millones de euros de deuda contable con Barcelona en su comisión mixta, y ha dicho que la deuda real asciende a 259 millones.
Ha afirmado en rueda de prensa que la deuda vencida de la Generalitat con Barcelona en junio del pasado año era de 60,5 millones, cifra que ascendió a 86,9 en abril y a 90 este miércoles, por lo que el Ayuntamiento es "el banco de la Generalitat, mientras la morosidad de ésta con Barcelona es absoluta".
"La sumisión de Colau con la Generalitat y la renuncia a defender los intereses de Barcelona es tal que avala los retrasos, los recortes y los incumplimientos de la Generalitat", según Fernández, que ha reclamado constituir la comisión de estudio de la deuda, que no se ha creado aunque se aprobó hacerlo en septiembre a instancias del PP en la comisión de Economía.
PARQUE DE CAN RIGALT
El dirigente popular ha reclamado que se ejecute el parque de Can Rigalt --situado entre Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Esplugues--, para recuperar la masía que lleva su nombre y evitar la degradación de la zona, algo que se podría hacer por fases de ejecución, ha dicho.
Desde el lugar donde debería ubicarse, ha añadido que este parque "es una asignatura pendiente desde hace más de 20 años"; que el Ayuntamiento compró en 1997 parte de los terrenos, y que en 2004 se aprobó un convenio urbanístico en el Ayuntamiento de L'Hospitalet con el FC Barcelona y Fecsa, tras el que se alcanzó un acuerdo ahora invalidado, algo que añade incertidumbre al futuro de Can Rigalt, según él.
OPERACIÓN TERMYCA
Sobre los requerimientos de expedientes que ha recibido el Ayuntamiento dentro de la operación de corrupción Termyca, Fernández ha reclamado a Colau que "facilite toda la información" y transparencia ante las contrataciones de Efial.
Asegura que "en su inmensa mayoría se trata de contratos menores a dedo y sin concurso alguno", y ha pedido que se incorporen también los contratos que se podrían haber firmado en consorcios públicos en los que participan la Generalitat y el Ayuntamiento.