ZARAGOZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Veinte alcaldes de los municipios a los que pertenecen las parroquias aragonesas propietarias de las 113 piezas religiosas depositadas en el Museo Diocesano de Lleida han firmado un manifiesto en el que advierten al obispo de Lérida y a las instituciones y colectivos de esa ciudad que "se están oponiendo al cumplimiento de una sentencia firme", al tiempo que confían en la devolución de los bienes a Aragón "a corto plazo".
En este sentido, piden al obispo de Lérida que "deje de buscar excusas" y "acate la sentencia como cualquier ciudadano", porque "las sentencias se cumplen aunque no nos gusten", manifestó el alcalde de Graus, Ramón Miranda, que compareció hoy en rueda de prensa junto a la alcaldesa de Zaidín, María Teresa Font; el alcalde de Isábena, Alberto Lamora; y el alcalde de Tamarite de Litera, Francisco Mateo.
"No dudamos del retorno de los bienes a Aragón muy pronto", se mostró confiada la alcaldesa de Zaidín, al tiempo que dejó claro que "los acuerdos después, pero antes los bienes en casa". A este respecto, comentaron que "nos alegramos que se haya manifestado el arzobispo de Zaragoza", Manuel Ureña.
Ramón Miranda recordó que "se trata de un contencioso inicial entre obispados pero que ha trascendido a la sociedad porque desde la Iglesia Católica no se ha solucionado el tema adecuadamente ante la negativa del obispo de Lleida a cumplir una sentencia clara" de la Signatura Apostólica que por el Concordato entre la Santa Sede y el Reino de España agota también la vía civil, al ser considerada Tribunal de Última Instancia.
"Como en todo estado de Derecho hay que cumplir la sentencia, pero nos sorprende que un Estado de Derecho haya que recordarle a alguien que el Estado de Derecho se basa básicamente en el cumplimiento de las leyes, por todos los ciudadanos y por todas las instituciones", subrayó.
El alcalde de Graus incidió en que "el problema de propiedad entre particulares ha derivado a la sociedad civil porque no se ha cumplido con una sentencia y porque además la Iglesia Católica no ha activado los mecanismos para que así se hiciese por parte de uno de sus miembros".
"Nos preocupa enormemente que se esté faltando a un principio básico del Estado de Derecho que es que las sentencias se cumplan", agregó. Pero los alcaldes de La Franja también se muestran preocupados porque la actitud que está tomando la sociedad civil "pueda generar confrontación entre territorios vecinos con los que tenemos una excelente relación, y que queremos seguir teniendo". En este sentido, apuntaron que "somos conscientes que para desarrollar los servicios comunes necesitamos seguir caminando juntos".
El edil grausino también opinó que "es posible que desde ciertas estrategias más lejanas pueda ser rentable utilizar este tema en otras líneas". Sin embargo, "no queremos de ningún modo que este tema se utilice para confrontar a dos territorios que hemos caminado juntos y que queremos seguir caminando juntos".
Aunque no descartan plantear acciones en breve --fundamentadas básicamente en mantener contactos con los dos obispos y con el Gobierno de Aragón--, subrayaron que "lo más importante es preservar la unidad en nuestro territorio, la cercanía a un territorio vecino con el que queremos seguir trabajando y que se cumpla una sentencia, que es la base de nuestro Estado de Derecho".
"Esperamos que por parte de nuestros vecinos catalanes haya también el mismo sentimiento", comentó el alcalde de Graus, al tiempo que subrayó que inicialmente "no somos partidarios de ninguna movilización porque eso sólo contribuye a generar una dinámica de crispación y de confrontación que no queremos".
Desde este punto de vista, "habrá que buscar cauces que posiblemente requerirán algún tipo de negociación política, sobre todo para que nadie plantee esto como una cuestión de vencedores o vencidos sino de cumplimiento de una sentencia en el Estado de Derecho", destacó Ramón Miranda.
A su juicio, "lo primero que tienen que hacer es devolver las piezas y después hablar en clave de colaboración con nuestros vecinos catalanes porque el arte es universal, no catalán, aragonés o francés". Agregó que "cuando los bienes estén aquí se puede hablar de un trabajo en conjunto que además puede ser una buena fórmula para gestionarlas conjuntamente, algo que es razonable y bueno".
"No tenemos ninguna duda de que la sentencia se cumplirá", dijo tajantemente. Pero tampoco dudó de que los bienes son del Obispado. "Es una cuestión tan lógica y de sentido común que parece poco razonable que se haya llegado a esta situación", consideró Miranda.
Por último y sobre las declaraciones vertidas ayer por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el alcalde de Graus recordó que "la última decisión del Tribunal está dada, y es que una resolución de la Signatura Apostólica decía claramente que las piezas se tenían que devolver en un plazo que terminaba en octubre. Por lo tanto, esa decisión está tomada". El manifiesto ha sido acordado por unanimidad, con la única abstención del alcalde de Santaliestra.
