BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha reclamado al Ministerio de Fomento que reconozca sus competencias para hacer efectivo el reglamento metropolitano que limita las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), y que retire la petición de suspensión cautelar como primer paso antes de retirar el su recurso.
Ha recordado en un comunicado este jueves que una delegación técnico-jurídica del AMB se reunió este miércoles en Madrid con representantes de la Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio, para abordar la "grave situación" tras su recurso, y también del de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pidió una suspensión cautelar que aceptó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El AMB expuso sus argumentos técnicos y jurídicos en defensa del reglamento, que debía entrar en vigor el 1 de agosto, y justificó su competencia para regular la actividad con origen y destinación en el ámbito metropolitano en el ejercicio de sus competencias en movilidad urbana, transporte público, medio ambiente, salud y contaminación atmosférica, "sin perjuicio de la concesión de licencias del Estado o la Generalitat".
Los representantes metropolitanos también expusieron los "graves perjuicios sociales, ambientales, de movilidad y seguridad viaria" que se generarían si se mantuviera la suspensión cautelar del reglamento que han pedido el Ministerio, la CNMC y grupos privados ante el TSJC, y contra la que protesta el sector del taxi, en huelga desde el miércoles a las 6.00 horas de este viernes.
El AMB ha asegurado que representantes del Ministerio mostraron "una total disponibilidad" para abordar limitaciones de las VTC de forma general y para reconocer la concurrencia de competencias del AMB y de las administraciones locales, y anunciaron la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transporte Terrestre para setiembre, a la que invitaron al AMB a participar.
Sin embargo, los representantes del AMB insistieron en reclamar que, como "prueba de la buena disposición del Gobierno del Estado", el Ministerio debe retirar la petición de suspensión cautelar, y que reconozca de forma clara sus competencias para regular la movilidad y la calidad ambiental.
