Amnistía critica los malos tratos en prisiones y comisarías catalanas y la falta de recursos para las mujeres amenazadas

La organización recuerda que la repatriación sumaria de inmigrantes sin presencia judicial ni asistencia letrada "es ilegal"

BARCELONA/MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que en materia de Derechos Humanos Catalunya tiene que mejorar en el trato a los detenidos y presos en comisarías y cárceles y en la atención a las mujeres maltratadas y amenazadas por sus parejas.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de AI en Catalunya, Montse Garriga, recordó que las cárceles y las prisiones catalanas han sido denunciadas por un informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, por las condiciones en las que están los reclusos y por las múltiples denuncias por maltratos, vejaciones y torturas.

Además, denunció la "falta de investigación" de los casos denunciados, la falta de "reparación" de las víctimas en los casos probados. Aunque admitió que las torturas "no son sistemáticas" recordó a la consellera de Interior, Montserrat Tura, su "compromiso verbal" de instalar más cámaras de seguridad en las comisarías de los Mossos d'Esquadra para evitar los abusos por parte de los agentes y las falsas denuncias por parte de los detenidos.

En lo que se refiere a la violencia de género, Garriga lamentó la falta de recursos en la atención a las mujeres amenazadas o maltratadas por sus parejas. Por esto, se mostró "esperanzada" porque la futura ley catalana de atención a las víctimas de violencia doméstica aporte más recursos para pisos de acogida, formación para los profesionales que atienden a las víctimas y campañas de sensibilización.

"ESPERANZA" ANTE EL ALTO EL FUEGO DE ETA.

Por otra parte, AI instó hoy a que las "esperanzas" creadas por el alto el fuego de ETA no priven a las víctimas de la banda terrorista de "su derecho a la verdad, la justicia y la reparación". Asimismo, recordó al Gobierno español que la repatriación sumaria de inmigrantes sin supervisión judicial y sin asistencia letrada individualizada "es ilegal".

"Es muy importante que los Derechos Humanos sean el mínimo común denominador en todo el proceso" relacionado con la tregua de ETA, afirmó el director de Amnistía Internacional-España, Esteban Beltrán, durante la rueda de prensa de presentación del 'Informe 2006. El estado de los Derechos Humanos en el mundo'.

En ese sentido, recordó que "las víctimas de ETA tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación", al tiempo que aseguró que la dispersión de presos es "ilegal dentro del marco de Naciones Unidas".

En el Informe, Amnistía denuncia los 24 atentados contra empresas e intereses turísticos perpetrados por ETA en 2005. "En la mayoría de los casos utilizó artefactos explosivos de escasa potencia que provocaron heridas leves y daños materiales", indica el documento.

El Informe recuerda que "al menos 42 personas resultaron heridas el 9 de febrero en un centro de convenciones de Madrid, entre ellas al menos cinco agentes de Policía, al estallar un coche bomba horas antes de la visita prevista del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía", y hace mención también al atentado del 25 de mayo, cuando un coche bomba colocado por ETA en una calle de Madrid hirió a 52 personas.

INMIGRANTES.

"No debemos confundir el hecho de no tener papeles con no tener derechos", manifestó Beltrán en referencia a la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos a las costas españolas, que se ha intensificado en los últimos tiempos. "Las respuestas precipitadas no pueden hacerse a expensas del derecho de los inmigrantes", prosiguió.

"España tiene todo el derecho a regular la inmigración, pero hay Derechos Humanos internacionalmente reconocidos y no puede haber repatriaciones masivas sumarias sin comparecencia de un juez y sin asistencia letrada individualizada, es ilegal", advirtió. Asimismo, recordó que no se debe repatriar a los inmigrantes a países en los que puedan ser sometidos a malos tratos.

En este sentido, el director de AI-España expresó su preocupación por la reciente resolución del Parlamento canario de "blindar las aguas" ante la llegada de inmigrantes, en virtud de la cual las autoridades podrán acogerlos en alta mar para, tras los oportunos cuidados médicos y humanitarios y sin dejales llegar a tierra, devolverlos de inmediato a sus países.

"Mucha gente emigra por motivos económicos, pero otros buscan protección del Estado, asilo y refugio, como sucede con muchos casos de Costa de Marfil", advirtió Beltrán, quien se preguntó si en los buques que reciban a los inmigrantes se entrevistará adecuadamante a los subsaharianos para determinar si se trata o no de solicitantes de asilo.

El Informe denuncia los obstáculos con que a lo largo de 2005 se han encontrado "las personas que huían de la violencia, la injusticia y las privaciones y que lograban cruzar las fronteras meridionales de España en el norte de África, las islas Canarias y Andalucía". Asimismo, lamenta la muerte de 13 inmigrantes en Melilla "a consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad españoles y marroquíes".

"A pesar del anuncio de los dos Gobiernos de realizar una investigación conjunta, más de un año después de los hechos no ha habido ninguna investigación que merezca tal nombre", aseveró Beltrán.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FRANQUISMO.

Por otra parte, Esteban Beltrán afirmó que la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2004, "no es suficiente" para acabar con las agresiones a las mujeres y aseguró que la organización hará un "seguimiento especial" de su aplicación.

Beltrán valoró la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la adecuación de otros 433 tribunales para conocer los casos de abusos en el ámbito familiar. No obstante, lamentó que "prácticamente todo impulso para la investigación ha venido de las víctimas, no de las autoridades".

La organización lamenta también que el Gobierno no haya presentado ningún informe sobre la situación de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, "a pesar de que en 2004 el Parlamento había solicitado a las autoridades la elaboración de un informe a este respecto para poder ofrecer reparaciones a las víctimas".

En este sentido, recuerda que en noviembre de 2004 se creó una comisión interministerial con este fin y que en diciembre de 2005 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió presentar los resultados del trabajo de la comisión "en un plazo de seis meses". El objetivo de estas medidas, según Beltrán, debería ser poner fin a "setenta años de silencio insoportable y sobrecogedor".