BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consell Consultiu, Joaquin Tornos, presentó esta mañana su renuncia al cargo para evitar "cualquier sospecha sobre la independencia de la institución" después de que su nombre se viera envuelto en las últimas semanas en la polémica por los informes encargados por el Gobierno de la Generalitat a un bufete privado del que es socio. Tornos, miembro del Consell Consultiu desde hace siete años por designación del Parlament a propuesta del PSC, ocupaba la presidencia desde hacía un año y medio. El presidente del Parlament, Ernest Benach, lo recibió esta mañana en la Cámara catalana, donde presentó su renuncia.
En el comunicado que Tornos hizo público señala que "el hecho de que la Ley del Consell Consultiu "no establece ningún tipo de incompatibilidades con el ejercicio profesional por parte de sus miembros ha sido últimamente cuestionada".
En este sentido, añade que "aunque corresponde al legislador dar respuesta a esta situación estableciendo el régimen de incompatibilidades que crea oportuno", considera "conveniente presentar en estos momentos mi renuncia para evitar cualquier sospecha sobre la independencia de la institución".
Al margen de la polémica por los informes, Tornos añade que con la aprobación del nuevo Estatut el Consell Consultiu abre una nueva etapa convirtiéndose en el Consell de Garanties Estatutàries, lo que "abre un proceso que exige unas fuerzas y capacidades que no puedo ofrecer". Tornos se despide agradeciendo la "confianza" depositada por el Parlament en su persona y a los miembros y personal del Consultiu.
En concreto, el bufete del que Tornos es socio, Advocats Associats SL, realizó trabajos para cuatro departamentos del Gobierno entre 2004 y 2005.
En diciembre de 2004 elaboró un informe por valor de 11.600 euros para la Conselleria de Relaciones Institucionales y Participación sobre "las relaciones entre las entidades de la nueva organización territorial de Catalunya".
El bufete también cobró 18.000 euros de la Conselleria de Política Territorial por la asistencia jurídica en relación a un contrato de constitución de un derecho de superficie para la construcción y alquiler a la Generalitat del Centro Penitenciario Brians-2.
Los otros dos trabajos fueron encargados por Salud y Universidades, en este caso un estudio sobre la viabilidad jurídica de la creación de un dominio propio y diferenciado para los servidores de Internet en Catalunya, por valor de 10.440 euros.