Arranca la Cumbre Euromed sobre el papel de las entidades civiles en los retos sociales

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cumbre Euromed de Consejos Económicos y Sociales 2013 reúne a 100 participantes de 43 países euromediterráneos este lunes y martes en Barcelona para abordar el papel de la sociedad civil organizada ante los retos sociales de la región, como el paro, las transiciones políticas y las migraciones, en un evento organizado por el Comité Económico y Social Europeo en colaboración con la Unión por el Mediterráneo (UpM).

Según los organizadores, la iniciativa recibe a activistas de los derechos humanos y a representantes de sindicatos, organizaciones empresariales y ONG de lugares como España, Francia, Grecia, Líbano, Túnez, Marruecos, Israel, Mauritania, Argelia y Palestina, y contará con el secretario general de la UpM, Fathallah Sijilmassi; el presidente del Consejo Económico y Social (Ces) español, Marcos Peña, y el del Instituto Europeo para el Mediterráneo (IEMed), Senén Florensa.

La cumbre, que se celebra en la sede permanente de la UpM en Barcelona, permitirá a los participantes debatir el rol de la sociedad civil en países en proceso de transición política, económica y social, e intercambiar puntos de vista con la secretaría de la UpM sobre cómo pueden participar en sus proyectos las organizaciones ciudadanas.

CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

El encuentro abordará cuestiones como el paro juvenil, la situación económica y social de las mujeres, la movilidad entre países y la escasez de agua.

El Ces es la voz de la sociedad civil organizada en la UE, y la representación española es el principal órgano consultivo del Gobierno central en materia socioeconómica y laboral, contando una representación de los principales sindicatos, patronales --Ceoe y Cepyme-- y entidades del Tercer Sector, que engloban a consumidores, cooperativas, agricultores y el sector pesquero.

El Ces español elabora informes por iniciativa propia, y dictamina los anteproyectos de ley en materia económica que le debe remitir el Gobierno central, además de estar obligado por ley a realizar una memoria anual --ya lleva 20-- en la que se analice la situación económica, laboral y social de España durante ese año.