BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los socios del tripartito municipal de Barcelona y los grupos de la oposición de CiU y PP aprobarán mañana una declaración institucional en la que reclaman poner fin a las incidencias en los trenes de Cercanías de Renfe, tras los sucesos registrados en las últimas semanas.
En la declaración, aprobada por unanimidad, los grupos municipales se adhieren al acuerdo tomado el pasado 9 de noviembre por la Entidad Metropolitana del Transporte que pide a ADIF y a Renfe "la necesidad de tomar medidas oportunas para evitar las paralizaciones de servicio que se están produciendo últimamente".
En este sentido, exigen a estas compañías que "garanticen el correcto funcionamiento de los trenes de Cercanías o de cualquier otra línea de tren".
También abogan por que Renfe "garantice la información" a los usuarios del sistema ferroviario "sobre retrasos e incidencias que se pueda producir en la red" y reiteran la necesidad de "aumentar la inversión y de mejorar la gestión de Cercanías, en base a los recursos del Gobierno central".
Esta declaración se aprobará después de que ayer el Ayuntamiento de Barcelona advirtiera de que el tren y el Metro deberán aumentar sus viajes en un 65% para impedir que la ciudad sufra colapso circulatorio en 2018.
Estas previsiones se incluyen en el plan de la movilidad urbana 2006-2018, que también se presentará en el Pleno de mañana, y que incluye un conjunto de propuestas para reducir el uso del turismo privado, a favor del transporte publico.
APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARA CAN RICART.
En el marco del Pleno, también se aprobará de manera definitiva el proyecto del gobierno municipal para la preservación del recinto fabril de Can Ricart y del plan de patrimonio industrial del Poblenou, que cuenta con el rechazo de la plataforma formada por los vecinos del barrio, y la ampliación de El Corte Inglés de Can Dragó.
El presidente del grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, reclamará un plan específico para aumentar la seguridad en las calles más transitadas de la capital catalana, que es en las zonas en las que se concentra un mayor número de delitos.
La proposición de CiU se presenta a raíz de la encuesta de victimización de Barcelona de 2005, hecha pública la semana pasada, y que alerta de que uno de cada cinco barceloneses afirma haber sido víctima de un delito y que el 32,97% de incidentes se producen en las calles más transitadas.
La petición de los nacionalistas reclama también que el alcalde Hereu convoque con carácter de urgencia una reunión de la Junta Local de Seguridad para analizar este estudio y que se elabore un plan para informar a los ciudadanos sobre la necesidad de presentar una denuncia cuando sufren un delito.
Este grupo municipal también defenderá la necesidad de crear un plan de seguridad dirigido a los jóvenes de Barcelona, ya que es el colectivo que sufre más hechos delictivos, según la misma encuesta de victimización.
TRASLADO DEL ZOO DE BARCELONA.
CiU también preguntará a los socios del tripartito municipal sobre la futura ubicación y el proyecto de futuro del Zoo de Barcelona y que el Ayuntamiento se comprometa a pedir al Ministerio de Medio Ambiente que no continuará con las obras para la creación de diques en las playas hasta que no se asegure que ello permite la práctica del surf.
Por su parte, el grupo municipal del PP volverá mañana a reabrir el debate sobre la regulación de la prostitución, con la presentación de un ruego en el que piden que el Ayuntamiento inste al Congreso de Diputados y al Parlament a aprobar una ley la prohibición de la prostitución callejera.
Los populares intentarán mostrar las discrepancias entre los socios del tripartito municipal sobre este asunto, que ya se hicieron patentes en la última Comisión de Seguridad y Movilidad, tras la operación policial que el pasado 15 de noviembre permitió desmantelar una red de proxenetas en el Raval, que se saldó con 108 detenidos.
Mientras que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu reclamó una ley para prohibir la prostitución en la calle, la presidenta del grupo municipal de ICV y socia del tripartito municipal, Imma Mayol, abogó por legalizar esta práctica para garantizar los deberes y los derechos de estas mujeres.
El PP también reclamará al Ayuntamiento un balance sobre el primer año de aplicación de la ordenanza sobre civismo y que el gobierno municipal se comprometa a impulsar aquellas campañas de comunicación que "den a conocer a los barceloneses el funcionamiento de los servicios municipales y sus derechos ciudadanos".