BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona estudia plantear un cambio del Código Civil catalán que le permita desalojar fincas privadas, según informó hoy el alcalde, Jordi Hereu. La idea se incluye en un dictamen municipal que se debatirá en la próxima reunión de la comisión para estudiar el fenómeno 'okupa', que se celebrará a mediados de mes.
El dictamen jurídico, encargado por el gobierno de Barcelona, analiza la legitimación del Ayuntamiento para intervenir, en favor de los propietarios y sólo con su aprobación, en el desalojo de fincas privadas 'okupadas', según pública el diario 'El Periódico de Catalunya'.
La idea debería ser aprobada finalmente por el Parlament catalán, ya que ello requeriría de una modificación del Código Civil catalán y dotaría a los ayuntamientos de capacidad para aplicar una competencia que ahora depende únicamente el poder judicial, encargado de ordenar los desalojos.
Tras participar en un acto en la plaza Sant Felip Neri, Hereu aseguró que este dictamen jurídico "fue encargado hace unos meses" por los integrantes de la comisión municipal para estudiar el fenómeno 'okupa, formado por los tres socios del equipo de gobierno y CiU y PP, en la oposición.
PROPUESTA EN EL PARLAMENT.
La intención es que el dictamen se analice en la próxima reunión de esta comisión específica, para que "después, si cabe, se pueda trasladar la propuesta al Parlament de Catalunya, que es el órgano que debe pronunciarse y que tiene competencias sobre el Código Civil catalán", señaló.
Según Hereu, el objetivo de esta propuesta es "buscar nuevos caminos para solventar este problema de la 'okupación' con mayor eficacia y rapidez".
En cualquier caso, señaló que "el sistema se basa en la coordinación de distintas instancias oficiales", en este caso entre los jueces, que son los que actualmente tienen competencias para ordenar el desalojo, y la Policía, que lo llevan a cabo, "debe estar bien coordinado y ser rápido y eficiente".
Hereu aseguró que en los últimos meses ha detectado "una mejora de sistema" para hacer posibles los desalojos, ya que "las sentencias y resoluciones judiciales se hacen con más rapidez". "Hay que hacer que el actual mecanismo funcione, pero como más instrumentos tengamos, algunas veces con la actuación propia, pues mejor", apuntó.
SIEMPRE CON EL ACUERDO DEL PROPIETARIO.
No obstante, abogó por "estudiar" esta nueva vía de actuación, para que "el Código Civil nos pueda ayudar a hacer más efectivo este proceso". Si finalmente se consiguiera que el Ayuntamiento tuviera competencia para desalojar fincas privadas, "se haría siempre con el acuerdo del propietario", insistió.
Para el alcalde, ello "redunda positivamente en los ciudadanos de Barcelona", ya que la lentitud que se puede dar en los actuales procesos de desalojo "afectan a la convivencia de la ciudadanía".
EL CONCEJAL DE SEGURIDAD SE NIEGA A POSICIONARSE.
Tras la polémica surgida por sus declaraciones en las que abogaba por dialogar con los 'okupas', tesis que no comparte el propio Hereu, el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, el socialista Ferran Julián, no quiso posicionarse sobre el dictamen.
En este sentido, se limitó a señalar que no hará valoraciones hasta después de la reunión de la comisión para estudiar el fenómeno 'okupa', que se celebrará en los próximos días, con la participación de todos los grupos municipales.
