BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha rechazado que hubiera torturas a los tres detenidos del caso 4F cuando estaban custodiados por la Guardia Urbana pero ha admitido "pequeñas irregularidades" como la pérdida del libro de detenciones.
En rueda de prensa junto al gerente de Seguridad, Joan Delort, Forn ha hecho públicas las conclusiones de la investigación municipal sobre el caso y ha sentenciado sobre las acusaciones de maltrato: "Con los elementos que tenemos sobre la mesa consideramos que no se han producido".
"Básicamente la desaparición del libro es la principal irregularidad", por lo que han abierto una investigación, aunque ya han avanzado que en el 2006 la tradición era que este tipo de libros no se guardaba porque no había una normativa clara sobre su conservación y que los conservan desde octubre de 2007.
Respecto a las sospechas de que pudo haber maltrato a los detenidos, tal y como recoge el documental 'Ciutat morta' y tras el informe del Síndic de Greuges, el director de servicios jurídicos del Ayuntamiento, Alfred Lacasa, ha indicado que las denuncias de los tres detenidos fueron archivadas por la Justicia porque no se pudo imputar cuándo se produjeron las heridas que presentaban los detenidos, si durante los altercados en la calle o en comisaría.
Al preguntársele por qué un corte de Rodrigo Lanza que requirió puntos de sutura no aparece en un primer parte médico en el Hospital del Mar y sí en el de L'Esperança, donde fue cosido, Lacasa ha justificado que el primero es un informe de derivación, breve, y no tenía por qué recoger con detalle todas las heridas.
Por su parte, Delort ha detallado que los detenidos fueron atendidos por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en la comisaría de Ciutat Vella y fueron trasladados al Hospital del Mar, después al Sant Pau y finalmente fueron derivados al Hospital de l'Esperança, sin pasar en ningún momento por dependencias policiales entre estos traslados.
Sobre si dan el caso por cerrado, Forn ha dicho que tras este informe municipal "el tema está zanjado", aunque ha dejado la puerta abierta a que si encontraran alguna prueba nueva la derivarían a Fiscalía, tal como hicieron con el propio documental 'Ciutat Morta'.
Forn ha querido rebatir algunas acusaciones de que la Guardia Urbana es "un cuerpo de torturadores" esgrimiendo cifras: desde 2010 el cuerpo ha realizado 1,5 millones de intervenciones y ha practicado 33.000 detenciones, y solamente se han tramitado en sede judicial 24 denuncias de particulares contra ella, de las que 14 han concluido sin ninguna condena (11 archivos y tres absolutorios)
CASO BIKINI
Respecto a los dos agentes de la Urbana que intervinieron en el caso 4F y que después fueron condenados por torturas a un detenido, que tienen actualmente una incapacitación permanente y ya no forman parte de la plantilla municipal, el Ayuntamiento ha defendido que nunca les han dado una pensión, que no han participado en los procesos para que se les concedieran dichas incapacitaciones y que no participaron en su defensa.
Asimismo, el informe en sus conclusiones recalca que "no se puede establecer una conexión objetiva en las dos sentencias" y que, en cualquier caso, otros nueve agentes participaron en la identificación de los acusados como los implicados en los disturbios en la calle Sant Pere més Baix.
COMPROMISOS
Pese a dar por cerrado el caso y defender la actuación municipal, Forn ha anunciado varios compromisos de mejora dentro del cuerpo como por ejemplo "reforzar el carácter de la prueba en actuaciones policiales" por lo que se incorporarán cámaras a las patrullas y solo se utilizarán las instalaciones de custodia de detenidos que cuenten con cámaras y cumplan con los requisitos del Síndic, tal y como se está haciendo ahora.
Se asegurará que los equipos de limpieza no actúen en zonas donde se han producido altercados o situaciones de violencia con personas víctimas o detenidas hasta que lo autoricen los equipos de inspección técnica-policial.
A partir de ahora, la Unidad de Régimen Interno de la Urbana dependerá directamente de la Gerencia de Seguridad y no del jefe de la Urbana y se rotará periódicamente el personal policial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial y el que presta el servicio nocturno.
Se creará un Comité de Ética de la Guardia Urbana, formado por personas independientes y representantes del cuerpo, que supervisará el funcionamiento y las actuaciones policiales.
