Los ayuntamientos metropolitanos de Barcelona piden una regulación para poner fin a los pisos 'patera'

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entidad del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, impulsado por ayuntamientos metropolitanos, el Consorcio de la Zona Franca y la Cámara de Comercio de Barcelona, apuesta en un estudio por una regulación legal que permita poner fin a la sobreocupación de pisos.

La propuesta se incluye en el informe 'Urbanismo, vivienda y cohesión social', que analiza las medidas a impulsar para evitar la creación de 'ghettos' y zonas de segregación urbana en las principales ciudades del área metropolitana de Barcelona.

El estudio también defiende la necesidad de desplegar políticas públicas para evitar el 'mobbing' y el fenómeno de 'camas calientes', habitaciones que son utilizadas de forma rotativa por varios ocupantes, mayoritariamente inmigrantes.

Según este informe, algunos ayuntamientos afrontan el problema de sobreocupación en las viviendas "denegando la inscripción en el padrón a aquellos inmigrantes que se quieren inscribir cuando detectan una posible situación de sobreocupación", algo que es "completamente ilegal".

El informe advierte de que el empadronamiento es "una forma de ejercicio de los derechos de libertad de residencia y de libre circulación", aspecto recogido en la Constitución, que "tienen los extranjeros".

Sin embargo, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona defiende incidir en esta situación para "controlar" los "abusos" que se puedan producir en este terreno, así como evitar "los problemas sanitarios y de convivencia vecinal" que puedan producirse.

Para poner fin a la sobreocupación de viviendas, apuestan por "una regulación legal" que permita "acabar con estos abusos" y desplegar unas políticas públicas complementarias que "puedan dar solución a las necesidades de las personas que recurran a esta solución".

"Legalmente, sería necesario crear una presunción de que la convivencia de un determinado número de personas en una vivienda se considera una explotación comercial de un piso" que "se hace sin tener las licencias de actividad previstas", asegura el informe.

Esta regulación, "facilitaría la tarea de control de las administraciones y daría lugar al cierre de la actividad ilegal", que "también podría ir acompañada de sanciones", excepto que "el propietario del piso pruebe que dispone de las licencias pertinentes", según el estudio.

El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona defiende en el estudio la necesidad de acompañar estas acciones de control con un seguimiento de las personas que utilizan los denominados pisos patera y el ofrecimiento de alternativas desde el sector público.

En este sentido, proponen la posibilidad de ofrecer alojamiento temporal a través de los servicios sociales o de usar viviendas dotacionales públicas, construidas preferentemente para jóvenes y ancianos en terreno calificado de equipamiento.

Aparte de impulsar una "planificación supramunicipal" sobre vivienda asequible y de crear un registro único de solicitudes de vivienda protegida, el estudio también apuesta por actuar ante la presencia de viviendas vacías.

El informe propone conocer el número de viviendas vacías que hay en el área metropolitana e impulsar medidas de fomento, favorables a los propietarios de estos pisos, para que se pongan en alquiler, o acciones "de intervención sobre el derecho de propiedad".

Entre estas últimas acciones, el estudio sugiere "prever desde la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad", hasta, llevar a cabo "algo menos agresivo, como el incremento de impuestos".

El Plan Estratégico Metropolitano también propone "declarar legalmente la actividad pública en relación a la vivienda como un servicio público", sin "ningún tipo de monopolio público", situación que compara al ámbito de la sanidad o la educación.

CESIÓN DE TERRENOS PÚBLICOS PARA TEMPLOS RELIGIOSOS.

Otras acciones que defienden son impulsar la modificación de legislación catalana de la vivienda para incluir medidas legales contra la discriminación e incorporar el concepto de 'mobbing' inmobiliario.

El estudio, realizado por Juli Ponce, también propone desplegar medidas de acción "positiva" que permitan "la igualdad real" de ciertos colectivos desfavorecidos respecto a su derecho de tener una vivienda digna.

Como ejemplo, apuntan la posibilidad de ceder terrenos de titularidad pública para "posibilitar la edificación de lugares de culto" práctica que "está siendo utilizada por algunos ayuntamientos para dar salida al rechazo de los vecinos respecto a ciertas confesiones religiosas".