Barcelona abre 14 procesos sancionadores a propietarios de pisos protegidos por no vivir en ellos

El concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner
EUROPA PRESS
Publicado 09/01/2019 13:38:55CET

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 14 procesos sancionadores contra propietarios de pisos de protección oficial por no vivir en ellos y tenerlos vacíos o por alquilarlos sin autorización de la Agència de l'Habitatge de Catalunya y por encima del precio que el organismo debería establecer como máximo si lo autorizara.

De estos 14 procesos, uno de ellos ya se ha resuelto y ha sido sancionado por tener el piso vacío un tiempo y por después alquilarlo, infracciones consideradas muy graves y sancionadas con 90.000 euros cada una, por lo que el caso se ha sancionado con 180.000 euros --algo que el propietario puede recurrir--, ha explicado en rueda de prensa el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

Las sanciones por infracciones muy graves oscilan entre 90.001 euros y 900.000 euros, aunque la voluntad del Ayuntamiento no es recaudatoria, sino asegurar que estos pisos de protección oficial (HPO, por sus siglas en catalán) mantienen su uso social, por lo que inspeccionarán las 16.000 viviendas de propiedad de protección oficial de la ciudad, de las que ya han comprobado 1.600 en un año --en el que han detectado estas 14 infracciones--.

Ha recordado que las HPO pierden esta calificación a los 20 o 30 años, momento en el que pueden entrar en el mercado libre, pero que hasta entonces no pueden alquilarse ni dejarse vacíos sin permiso de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, que es la que tiene la competencia para realizar estas inspecciones.

El Ayuntamiento ha asumido estas inspecciones con el acuerdo de la Generalitat, al disponer de la Unitat de Disciplina de l'Habitatge del Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, y forma parte de un programa de inspecciones inédito en Catalunya para asegurar que las viviendas HPO cumplen con su función social establecida en la Ley de derecho a la vivienda de 2007.

Los 14 expedientes corresponden a tres casos de Ciutat Vella, uno de Sants-Montjuïc, dos de Horta-Guinardó, cuatro de Nou Barris, uno del Eixample y tres en Sant Martí, y el que ya se ha resuelto es un caso de la calle Doctor Aiguader de Ciutat Vella que se adjudicó en la década de 1990 y que tiene calificación HPO de 30 años, por lo que sigue siendo de protección oficial.

ALQUILERES UN 50% MÁS CAROS

Ha defendido que la calificación de protección oficial debería ser permanente en estos pisos HPO, que habitualmente tienen un precio máximo de venta de 1.940 euros por metro cuadrado y de alquiler de 6,40 euros el metro --los que se alquilaban sin autorización tenía un precio entre un 30% y un 50% más--, ha detallado la técnica Fuensanta Alcalá.

Parte de las sanciones que se impongan por infracciones en pisos de protección oficial podrá condonarse si el piso se cede para alquiler social, y el Ayuntamiento calcula que la inspección de todos los pisos que siguen siendo de protección oficial en la ciudad terminará en entre cuatro y cinco años, según Alcalá.

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