BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Seguridad Social de la provincia de Barcelona ha perdido 1.540 afiliadas en régimen de trabajadoras del hogar desde enero hasta abril de este año, tras la implantación de la nueva normativa de cotización para este colectivo, mientras que en el mismo periodo del año pasado hubo un aumento de 176 afiliaciones, según datos recogidos por Europa Press.
De las 46.898 personas que estaban afiliadas el 30 de diciembre de 2011, antes de la entrada en vigor de la normativa, 29.491 siguen cotizando en el antiguo régimen y 15.867 han sido dadas de alta de acuerdo con la nueva normativa en el régimen general.
La ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social contenía la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar dentro del Régimen General, mediante la creación de un Sistema Especial.
El objetivo era mejorar las condiciones laborales del colectivo y regularizar la situación de las trabajadoras sumergidas, a través de la exigencia de un contrato escrito, la limitación del pago en especie hasta un máximo del 30% del total y la ampliación de la cobertura en caso de baja, entre otros.
La normativa entró en vigor el 1 de enero de 2012 y los empleadores disponen de un tiempo de transición hasta finales de junio para dar a las trabajadoras del hogar de alta y adaptar los contratos ya existentes.
Las personas que cotizan actualmente en el antiguo régimen como continuas --más de 20 horas semanales-- y no hayan hecho el cambio para finales de junio, pasarán automáticamente al Régimen General con la cuota más alta al no haber presentado sus datos en la Tesorería General para su actualización.
Aquellas que cotizaban como discontinuas --actualmente casi 11.000-- serán dadas de baja automáticamente, quedando como trabajadoras irregulares.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de Migración de Cáritas Diocesana de Barcelona, Imma Mata, ha valorado muy positivamente la iniciativa, ya que responde a una reivindicación histórica de la entidad: la dignificación del trabajo doméstico.
No obstante, ha reconocido que llega en un mal momento, ya que el aumento de la carga económica que supone el tipo de cotización del 22% --un 18,3% es para el empleador y un 3,7% para el empleado-- provoca que en muchos casos "se siga pagando en negro".
La negativa no viene solo de parte del empleador, ha asegurado Mata, ya que muchas trabajadoras deciden seguir sin contrato para evitar el dinero que les toca asumir por cotizar, ya que muchas pertenecen a capas sociales con pocos recursos y "lo que quieren es trabajar".
La mayoría vienen de países con poca cultura de jubilación y "les queda tan lejos" que prefieren tener el dinero a fin de mes para cubrir gastos que pensar en una posible pensión, según la responsable de Cáritas.
La presidenta del sindicato de trabajadoras del hogar y de cuidado (Sindillar), Isabel Orella, cree que el problema es que el proceso de contratación "es muy complicado con la nueva normativa" y que la Administración debería haber dado más incentivos al contratador, y facilitar más información y programar campañas de sensibilización.
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