BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha acudido este martes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para declarar como investigado por presuntamente destinar a un agente de los Mossos d'Esquadra como escolta del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.
Buch, citado este martes a las 10.00 horas, ha llegado al Palacio de Justicia en Barcelona sobre las 9.45 horas, acompañado del secretario general de Interior, Brauli Duart, y también han acudido los diputados de JxCat en el Parlament Albert Batet y Eduard Pujol.
Comparece como investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por los que la Fiscalía Superior de Catalunya abrió diligencias tras una denuncia de Cs en 2019.
El jueves también está citado ante el tribunal el sargento de los Mossos que supuestamente dio protección a Puigdemont en Bélgica tras el 1-O.
La magistrada Mercedes Armas les cita por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al servicio de escoltas y protección al expresidente fuera de España desde octubre de 2017, tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía.
El Ministerio Público se querelló contra Buch por presuntamente nombrar como asesor al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica de Puigdemont, al que el Tribunal Supremo procesó por el 1-O y declaró en rebeldía.
El TSJC acordó incoar diligencias previas porque "del profuso relato de hechos contenido en la querella, se desprende la existencia de indicios suficientes" de los tipos delictivos.
QUERELLA
La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de marzo de 2019 tras recibir una denuncia de Cs que aseguraba que Escolà, nombrado por Buch el 30 de julio de 2018 como asesor en materia de sistemas de seguridad con una retribución anual de 60.000 euros, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección o de escolta del expresidente.
Según la querella de Fiscalía, el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituyó un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde".
