BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado un acuerdo con alegaciones al Anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual (que pretende trasponer la Directiva 2010/13/UE) y entre sus peticiones destaca la necesidad de fomentar más producción en catalán.
La directiva europea, de noviembre del 2018, actualiza la normativa audiovisual incorporando en el ámbito subjetivo de la regulación los servicios televisivos a petición (como Netflix o HBO) y las plataformas de intercambio de videos (como YouTube), informa el CAC este miércoles en un comunicado.
El CAC también considera necesario hacer efectiva la diversidad cultural y que "el 50% de la cuota de obras en lenguas del Estado en los servicios televisivos a petición sea específicamente en catalán, vasco o gallego", y prever medidas concretas sobre producción y promoción de todas las lenguas cooficiales.
Por eso, también plantea aumentar del 5% al 10% la cuota de financiación de obras europeas para los servicios de televisión a petición, "en la línea otros países europeos".
En el caso de las televisiones lineales, el CAC propone mantener el sistema vigente, del 5% para las televisiones privadas y del 6% para las públicas.
La entidad propone asimismo "una presencia mínima de la lengua catalana" en el catálogo de los servicios televisivos a petición: según el anteproyecto, estos servicios deben garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en audiovisuales europeos y, de esta cuota, el 50% debe ser en la lengua oficial del Estado o en alguna lengua autonómica.
Como el anteproyecto no concreta porcentajes para lenguas cooficiales que no sean la castellana, el CAC pide que, del 50% reservado a lenguas oficiales en el Estado, el 50% sea para el catalán, vasco o gallego, por la "precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual", o al menos un porcentaje coherente con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales.
En cuanto a la prominencia de estas obras (es decir, que aparezcan de manera destacada), el CAC pide que definir (como faculta la Directiva) los contenidos de servicio público y los contenidos en catalán, vasco o gallego, como contenidos de interés general, alegando que contribuyen y son reflejo de la diversidad cultural.
Además, considera que el anteproyecto debe prever que los catálogos de los servicios de video a petición incorporen las versiones ya dobladas o subtituladas al catalán.
COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT
La entidad presidida por Roger Loppacher constata que varias disposiciones del anteproyecto se superponen con competencias que son exclusivas de la Generalitat en el ámbito audiovisual.
Sobre la organización de los prestadores del servicio público audiovisual, el anteproyecto detalla la regulación detallada de los órganos de gobernanza y gestión de este servicio público pero "contradice" el artículo 146.1a del Estatut, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva de organizar la prestación de este servicio.
Así, el CAC plantea una regulación "de mínimos, como corresponde a la finalidad de una norma básica, respetuosa con la capacidad legislativa del Parlament".
Respecto a los medios televisivos y radiofónicos comunitarios, el CAC destaca que es competencia exclusiva de la Generalitat y añade que el anteproyecto no tiene en cuenta la existencia de un amalgama de servicios, donde confluyen los servicios propiamente comunitarios sin ánimo de lucro y los que, "bajo el pretexto de los servicios comunitarios, actúan como prestamistas sin título de carácter comercial".
COMPETENCIAS DEL CAC
Respecto a las plataformas de intercambio de vídeos, el Consell reclama tener más competencias, "para una mejor defensa de los niños y adolescentes ante contenidos perjudiciales".
Las alegaciones también recuerdan que la Directiva promueve la colaboración entre autoridades audiovisuales independientes existentes en el Estado, y el CAC pide establecer el principio de colaboración entre estas autoridades "como un eje básico de relación".
Alega que el trabajo y la experiencia de años de instituciones como el CAC aportan conocimientos, sobre todo en protección de menores, discurso de odio, publicidad encubierta, desinformación y alfabetización mediática.
Pone como ejemplo la ley sobre relaciones entre el Defensor del Pueblo y los ombudsman autonómicos, para pedir coordinar a las autoridades reguladoras independientes en España sobre supervisión y control de servicios de comunicación audiovisual lineal y a petición, y las plataformas de intercambio de vídeos.
Y, ya que las competencias audiovisuales se atribuyen a diferentes autoridades reguladoras independientes en España, pide que una disposición final fije que estas autoridades y la CNMC establezcan mecanismos de participación en la European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga).
