El CAFBL pide "seguridad jurídica" y dar voz a administradores de fincas en políticas de vivienda

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL) celebró este martes el acto institucional de inicio del 90 aniversario de la profesión de administradores de fincas, donde puso de manifiesto la falta de "seguridad jurídica" que sufren los propietarios y la necesidad de que la voz de los administradores sea tenida en cuenta en la elaboración de políticas de vivienda.

El acto, al que acudió el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, contó con una mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de la profesión, en la que participaron el presidente del CAFBL, Lorenzo Viñas, y los expresidentes de la entidad Josep Gual, Enrique Vendrell y Anabel Miró, ha informado el Col·legi en un comunicado este miércoles.

Durante el acto Viñas agradeció el esfuerzo de las juntas anteriores y reivindicó el papel del colegio como "institución de referencia en el ámbito de la vivienda" y pieza clave en la gestión de comunidades de propietarios y inquilinos en Barcelona y Lleida.

Además, destacó la "función social" de los administradores de fincas en ámbitos como la convivencia vecinal, la rehabilitación, el mantenimiento de los edificios y el impulso de la sostenibilidad en el parque residencial.

CONTRATOS DE ALQUILER

Durante la jornada también se presentaron datos y contenidos elaborados por el Centre de Dades i Estudis Immobiliaris (CDEI) del propio Col·legi, que muestran que el 60% de contratos de alquiler finalizan antes de su vencimiento y, de estos, el 90% lo hace a decisión del inquilino.

Por otro lado, los contratos que sí llegan a su vencimiento, así como de sus prórrogas, el 29% se continúan renovando automáticamente mes a mes, algo que, apuntan, provoca que aumente la precarización del inquilino, puesto que el propietario puede reclamar la posesión de la vivienda en cualquier momento.

La entidad subraya que estos datos evidencian que las personas con más poder adquisitivo "salen beneficiadas" porque pueden acceder a viviendas iguales o mejores de las que ya tienen, mientras que las personas con menos recursos tienen más dificultades para encontrar un nuevo alquiler.

Además, señalan que el marco normativo contribuye a la "criminalización de la propiedad privada", por lo que abogan por un marco legal que proteja el derecho a la vivienda sin debilitar la seguridad jurídica ni desincentivar la oferta de alquiler.