Sospechan que la administración catalana hace una lectura "restrictiva" de la ley al otorgarla
BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de CatECP en el Parlament Marta Ribas ha anunciado que su grupo ha registrado una propuesta de resolución por la que piden que la Cámara exija información a los responsables catalanes en funciones que están implementando la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con "lentitud en la tramitación de solicitudes, sin recursos humanos y técnicos, con un porcentaje sorprendentemente alto de denegaciones", algunas no argumentadas.
Lo ha dicho en una rueda de prensa este martes en que ha asumido que la aplicación del artículo 155 de la Constitución impide el despliegue del reglamento y la comisión de Govern que prevé la ley, pero eso afecta a cuestiones destinadas a "afinar" cuestiones técnicas, mientras la ley --que se aplica desde hace siete meses por responsables en funciones de la Generalitat-- especifica suficientes aspectos para aplicarla correctamente.
Ribas ha explicado que se han reunido con entidades sociales y sindicatos que les han manifestado que muchos desde la Conselleria de Asuntos Sociales se está haciendo una "lectura restrictiva de lo que fija la ley" que puede estar dejando sin la RGC a solicitantes que tienen derecho a la formación o en un limbo burocrático a la espera de respuesta.
Recuerda que la ley establece el plazo en que se debe responder a una solicitud y que el silencio administrativo da la razón a quien la pide la prestación, entre otras cosas, y ha subrayado que eso dependen de la administración catalana y no del 155.
Tanto las entidades, como los sindicatos, como el propio grupo parlamentario de CatECP han solicitado información sobre lo que está sucediendo al departamento, pero no han recibido respuesta y ahora exigen "transparencia" a través del Parlament.
Por eso, en el escrito registrado en la Cámara este martes piden que se entregue a al Parlament y a los grupos parlamentarios "en el plazo de dos semanas" toda la información de seguimiento sobre el despliegue que se está haciendo de la ley de RGC, especialmente del número de solicitudes atendidas, las personas que reciben la presentación, el número de denegaciones efectuadas y los motivos.
Preguntada por los motivos que se esconden tras la falta de respuesta a sus solicitud de información, ha respondido: "Nos tememos que no quieren que se sepa algo, que hay un índice muy alto de denegaciones y que no se puedan explicar por lo que recoge la ley".
También piden que se cumpla la ley sin interpretaciones restrictivas y poner los recursos necesarios, tanto presupuestarios, como personal y la formación del mismo, para garantizar la correcta atención a las personas que recuerdan que están en situación de "clara vulnerabilidad social".
La creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía de 664 euros se aprobó en el Parlament por unanimidad el 12 de julio fruto de una Iniciativa Legislativa Popular y entró en vigor el 15 de septiembre de 2017.
