BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los más de 3.000 centros escolares públicos y concertados de Catalunya y sus docentes deberán cumplir con una serie de objetivos de progreso en un plazo de cuatro años en el marco del decreto de autonomía escolar que desplegará la Ley de Educación de Catalunya (LEC).
A partir de la publicación --a finales de verano-- del nuevo decreto de autonomía de centros educativos al que ha tenido acceso Europa Press, los centros tendrán un año para presentar sus proyectos educativos, en los que se deberán marcar unos objetivos relacionados su situación concreta y, en último término, enfocados a la adquisición de las competencias básicas.
A partir de entonces, equipo directivo y docentes tendrán cuatro años para alcanzar estos objetivos actuando con total libertad --en el marco de la LEC-- en cuanto a decisiones pedagógicas, curriculares, organizativas y de gestión.
La moneda de cambio de esta libertad será la rendición de cuentas ante la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, que se creará mediante otro decreto y que evaluará a los centros y al personal.
Los aspectos que tendrá en cuenta esta agencia serán académicos (rendimiento escolar, absentismo), satisfacción de las familias, seguimiento en la enseñanza postobligatoria y cohesión social. Además, la Conselleria de Educación tendrá en cuenta las pruebas externas de sexto de Primaria y cuarto de Secundaria.
El decreto prevé que, en caso de incumplimiento de los objetivos, se pueda cesar a los miembros del equipo directivo, además de pedir la revisión de los proyectos directivo y educativo del centro.
En cuanto a los maestros y profesores, la evaluación positiva se traducirá en promoción profesional, algo que sustituirá a los sexenios actuales --por los que se sube de estadio laboral con formación continua--, por lo que la evaluación negativa impedirá esta promoción laboral. Así, los profesores deberán esforzarse en alcanzar los objetivos para escalar profesionalmente.
A pesar del despliegue de la autonomía, Educación prevé que en un primer momento los centros se acomoden a trasladar al papel sus modelos tradicionales de funcionamiento en forma de proyecto educativo, aunque, como novedad, deberán marcarse estos objetivos. Esta situación dejará un espacio de libertad para los centros que deseen fijar de forma distinta las asignaturas y su distribución en los ciclos.
En aras de la autonomía, Educación buscará reducir el concurso de traslados que actualmente afecta a la estabilidad de las plantillas en las escuelas, así como convertirá a los directores en jefes de personal, consolidando su potestad de sanción y selección de personal --en algunas categorías--.
CENTROS LIBRES, MATRÍCULAS FIJAS
Para que la autonomía no derive en una segregación de ciertas escuelas en favor de las más excelentes, Educación no modificará el principal criterio de matrícula a los centros públicos --la proximidad--, lo que, considera, obligará a las escuelas a mejorar por la "presión" de las familias. "La elección de escuelas no será libre porque tendría una deriva perversa", apuntaron fuentes del departamento.
En relación con las familias, el decreto regula la Carta de compromiso educativo, un compromiso solamente moral que deberán contraer las familias cuando matriculen a sus hijos en un centro, basado en el respeto y en la complicidad entre ambos actores educativos.
