LLEIDA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
CDC y UDC, los partidos que conforman la coalición de CiU que gobierna en la Diputación de Lleida, han votado en sentidos diferentes este viernes en el pleno de la corporación, en relación con una moción contra el anteproyecto de ley del aborto.
CDC ha votado a favor y UDC se ha abstenido en el primer punto de la moción, en el que la Diputación manifiesta su rechazo al anteproyecto e insta a su retirada por "regresiva e involucionista contra la libertad de las mujeres" y que ha salido adelante con el apoyo de PSC y ERC y el rechazo del PP.
"Podría ser la primera vez que votamos distinto, que yo recuerde sí", ha afirmado en declaraciones a Europa Press Miquel Padilla, portavoz de UDC en la institución en los últimos veinte años.
Esta abstención de los tres diputados de UDC no supone sin embargo, en opinión de Padilla, ninguna ruptura de la formación.
Argumenta que los acuerdos de coalición establecen libertad en asuntos de conciencia como el aborto y en esta ocasión ambas formaciones tenían libertad de voto.
TRATAMIENTO DE PURINES
El pleno de este viernes ha aprobado una moción en la que rechaza las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de retribuciones eléctricas y pide una moratoria en la aplicación de la orden ministerial que reduce las retribuciones a las plantas de tratamiento de purines con carácter retroactivo, como reclaman en bloque las organizaciones agrarias, las asociaciones de ganaderos y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines.
"Lo que nos piden nuestros ganaderos es el rechazo a esta propuesta, si queremos escucharles no hablaremos de desacuerdo, hablaremos de rechazo", ha aseverado el presidente de la Diputación, Joan Reñé (CiU).
Reñé ha insistido en que esta orden pone en cuestión la viabilidad económica de las explotaciones porcinas de Lleida, porque las cuatro plantas de la provincia son imprescindibles en la gestión de las deyecciones ganaderas.
El pleno ha aprobado también con el voto en contra del PP a una moción de rechazo a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que, en opinión de los partidos que han votado a favor, "quiere privatizar los servicios".
