BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha admitido a trámite este miércoles, con los votos de CiU, PP y PSC, el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria en el que se fija en el 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB) el déficit máximo permitido en 2018.
El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha detallado los principios de la normativa, que permite que el Govern de Artur Mas se adelante en dos años al cumplimiento de la ley pactada entre PSOE y PP tras la reforma constitucional, y que fija para 2020 el objetivo de un déficit autonómico máximo del 0,14%.
La norma, uno de los compromisos que el Govern adquirió con el PP para aprobar los Presupuestos de 2011, ha superado así sin dificultades su primer escollo parlamentario, después de que se haya tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos de la oposición, excepto el PSC.
Con esta normativa, el Govern adquiere "el compromiso del principio de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y el protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo", se abre a revisitar el límite de déficit en casos excepcionales --catástrofes naturales y recesiones económicas--, y prevé destinar los excedentes económicos a un fondo de reserva.
Según Mas-Colell, esta ley obedece a su firme compromiso con la austeridad en las cuentas públicas, y más ante la excepcionalidad del momento económico, y considera que su aprobación permitiría lanzar un mensaje de "rigor, confianza y credibilidad".
Pese a que el PSC ha votado a favor, rechazando las enmiendas a la totalidad presentadas, la diputada Rocío Martínez-Sampere ha apreciado en el proyecto más tintes de "pacto ideológico con el PP y de aprobación presupuestaria que otra cosa".
Aunque siempre ha defendido el principio de estabilidad, en la línea de la reciente reforma constitucional, ha avisado de que no es bueno dogmatizar porque "estabilidad presupuestaria no es déficit 0", y ha cuestionado las cifras de la normativa catalana y que sea más restrictiva que la del Estado.
Desde el PP, el diputado José Antonio Coto ha lamentado que hayan tardado un año en impulsar esta norma, tras recordar la reforma de la Carta Magna aprobada con el PSOE en las Cortes, y ha avanzado que trabajarán para incorporar vía enmiendas en el proyecto de ley todos los elementos que presentaron al inicio de la legislatura en pro de la estabilidad presupuestaria.
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
En defensa de la enmienda a la totalidad de ICV-EUiA, el diputado Joan Boada ha lamentado que esta normativa siga la línea de la política "conservadora y neoliberal" del Govern de Mas, al que acusan de reducir el sector público y defender la desregulación de los mercados, lo que provoca un aumento de las desigualdades.
En la misma línea se ha pronunciado el diputado de ERC Sergi de los Ríos, quien ha advertido de que el proyecto de ley condicionará los presupuestos de los próximos nueve años, por lo que ha reclamado una ley menos rígida y que, además de exigir demandas sobre el gasto también se establezcan sobre los ingresos, tal y como fijan en el texto alternativo que han presentado.
Mientras que el diputado de C's Jordi Cañas ha calificado de inútil, mal tramitada y peligrosa esta legislación, el diputado de SI Uriel Bertran considera que es una muestra del "provincialismo" del Govern.