CiU propone reforzar el Observatorio de vida militar y que pueda hacer investigaciones

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

CiU quiere que el Observatorio de la vida militar que se creará con la futura ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas esté adscrito a las Cortes y pueda realizar investigaciones sobre cuestiones de carácter social, económico y profesional, con "singular atención a las condiciones de vida en las unidades y en misiones internacionales". Podrán iniciarse de oficio o como resultado de una queja particular.

Así se recoge en algunas de las más de 50 enmiendas que ha registrado este martes el Grupo Parlamentario Catalán al proyecto de ley del Gobierno, con las que pretenden mejorar la redacción del texto y que serán discutidas entre los grupos del arco parlamentario antes de su debate en la Comisión de Defensa.

En relación con el Observatorio de la vida militar, CiU quiere que vaya más allá de un órgano de carácter asesor y consultivo --como estipula el texto del Ejecutivo-- y sugiere que se constituya como un órgano independiente que, adscrito a las Cortes, "vele por el cumplimiento de los derechos de los militares, atienda sus quejas y pueda recabar de las Administraciones competentes cuantos informes y documentos resulten pertinentes para la defensa de los derechos y libertades públicas de los militares".

PODRÁ HACER VISITAS A LAS UNIDADES MILITARES

Para ello, le concede funciones muy específicas y que comienzan con la competencia de realizar investigaciones, además de los informes que preveía el Gobierno, para lo cual podrá llevar a cabo visitas a las unidades militares. Estas investigaciones podrán ser iniciadas de oficio o bien "a instancia de informaciones o denuncias de ciudadanos particulares en relación a las condiciones de vida del personal militar".

Además, también plantea la necesidad de que esté compuesto no por ocho miembros --cuatro a propuesta del Congreso y otros cuatro por el Senado--, sino por nueve --cinco por la Cámara Baja y cuatro por la Cámara Alta--, ya que así se evita que el número total de miembros sea par, anticipándose a "los problemas de adopción de acuerdos que ello pueda conllevar".

También incluye entre los 'elegibles' para estos puestos, además de personalidades de prestigio en el ámbito de la defensa y los recursos humanos, personas destacadas "en la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares".

También destaca entre las enmiendas de CiU una modificación del artículo 51, en la que se plantea que los reservistas voluntarios deberán ser activados por las Fuerzas Armadas al menos dos veces al año por periodos no inferiores de quince días, con el objetivo de que "estén integrados en la actividad del Ejército y reciban una formación continua".

A juicio de CiU, "no se puede desaprovechar" el capital humano que suponen las 6.000 personas que en la actualidad forman parte de la reserva voluntaria de las Fuerzas Armadas. Por ello, propone crear en las plantillas de todas las unidades, centros y organismos militares un tramo reservado a los reservistas voluntarios, de entre el 5 y el 10%.

Además, el grupo catalán propone que puedan pertenecer a las asociaciones profesionales, extremo que no permite el proyecto de ley. Estas asociaciones, por otra parte, no deberían tener, para CiU, el carácter nacional que exige el texto y tampoco tendrían ser excluyentes, de modo que un militar debería poder afiliarse a más de una.

SÍ A LA AFILIACIÓN A PARTIDOS

En relación con la vida política, CiU también contempla la posibilidad de que los militares puedan afiliarse a los partidos, "sin que ello suponga la vulneración del deber de neutralidad política". En la justificación de esta propuesta, recuerda que la afiliación se permite "en catorce estados importantes, entre ellos Alemania, Italia, Estados Unidos y Reino Unido" y se defiende que es una "opinión mayoritaria en la doctrina que la mera afiliación a partidos políticos no quebranta el deber de neutralidad política de los militares".

Por otra parte, este grupo también defiende una redacción más garantista del derecho a la intimidad personal del militar, estableciendo que se regula "en los términos establecidos en la Constitución", eliminando así la acotación del Gobierno, que defiende su respeto "dentro de las posibilidades que permitan las características de las distintas unidades y las circunstancias en que tengan lugar las operaciones".

Además, también incluye CiU el respeto a "las costumbres o hábitos de cada militar derivadas de sus creencias religiosas o libertad de conciencia, siempre que sean razonables y puedan ajustarse a las exigencias del servicio y de las operaciones".

En relación con los deberes de carácter profesional, incluye también que los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ser "compensados económicamente" por los cambios en su jornada de trabajo, permisos, vacaciones o licencias "realizados de forma extraordinaria y no previsible que hayan supuesto algún perjuicio económico".

"Si un militar tiene unas vacaciones o un viaje planeados y su deber de disponibilidad permanente le obliga a anularlo, resulta conveniente que pueda ser indemnizado por ello", argumenta CiU.