El tribunal le impone seis meses de prisión y le absuelve de malversación y prevaricación
GIRONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Girona ha condenado a un catedrático de la Universidad de Girona (UdG) a seis meses de prisión por crear, en paralelo a su trabajo como docente e investigador, siete empresas tecnológicas sin seguir el procedimiento previsto en los reglamentos de creación de empresas tecnológicas en el entorno de la UdG.
La sentencia, consultada por Europa Press, constata que creó estas empresas sin participación de la universidad, "infringiendo manifiestamente el régimen de incompatibilidades como funcionario" y contratando irregularmente a personal de la universidad.
Por eso, el tribunal le condena por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, le impone una multa de 4.320 euros y le inhabilita durante un año como funcionario.
Era profesor titular desde 1994, creó las empresas a partir del año 2000 y era catedrático desde 2010, y además como investigador dirigía un centro y un grupo de investigación en la misma universidad.
A parte de estas siete empresas que infringían el régimen de incompatibilidades, la sentencia señala una octava empresa, fundada en 2012, en la que sí siguió los reglamentos de la universidad.
En septiembre de 2008, la UdG le avisó de que estaba infringiendo el régimen de incompatibilidades y empezaron conversaciones para "encontrar una vía legal para regularizar la situación de las empresas".
Sin embargo, él continuó con sus actividades en esas siete empresas, "haciendo caso omiso a los requerimientos y avisos" de la universidad.
Todas las empresas estaban dedicadas a investigación y desarrollo (I+D) y los jueces han constatado que, "infringiendo el régimen de incompatibilidades y con pleno conocimiento de ello, contrató irregularmente a personal de la UdG para prestar sus servicios a título particular, sin informar ni obtener autorización de la universidad".
ABSUELTO DE MALVERSACIÓN
Desde abril de 2008 hasta diciembre de 2013, cinco de sus empresas giraron 21 facturas a la UdG por un total de 450.463 euros, pero los jueces añaden que no está acreditado que hiciera esas facturas en base a convenios y servicios inexistentes, como se sospechaba antes del juicio.
Tampoco se ha comprobado que el catedrático eludiera el proceso de licitación ni que ni que vendiera tecnologías desarrolladas por la UdG --a las que tenía acceso como docente-- sin convenio o autorización para hacerlo.
Por eso, al margen de la condena por negociaciones y actividades prohibidas, el tribunal le ha absuelto de los delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación, por los que también fue juzgado.
