Archivo - Sede de Ctesc en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha valorado positivamente que la nueva regulación del servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) amplíe la cobertura territorial y la oferta de servicio en Catalunya.
El Ctesc ha emitido, a petición del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, un nuevo dictamen sobre el Anteproyecto de ley de regulación de la prestación del servicio de ITV, cuya finalidad es asegurar la calidad del servicio y garantizar que los vehículos cumplen las condiciones de seguridad y protección ambiental, informa este martes en un comunicado.
El Ctesc valora positivamente que la nueva regulación de las ITV "vele por garantizar la prestación del servicio en todo el territorio", así como por la ampliación y mejora de la oferta disponible y para facilitar más opciones de elección a las personas usuarias.
También considera positiva la voluntad de dar respuesta a las necesidades de aquellos sectores económicos que utilizan vehículos en su actividad, y que permita "adaptar el servicio con más agilidad" a las necesidades del sector a fin de reducir cargas para las personas usuarias.
En el ámbito de la prestación del servicio, el Ctesc pide incorporar mecanismos que permitan ampliar las concesiones administrativas en caso de que se produzcan listas de espera que puedan llegar a colapsar el sistema.
También recomienda que, cuando el cese de una actividad pueda afectar de forma significativa la cobertura territorial, la Administración pueda adoptar medidas temporales por garantizar la continuidad del servicio, tales como la contratación, unidades móviles o prestación subsidiaria.
El dictamen añade que "no se puede imponer a los operadores la continuidad indefinida de una actividad económicamente inviable sin la correspondiente compensación".
El proceso de actualización del servicio de ITV debe incorporar, según esta entidad, garantías de mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en caso de subrogación empresarial, y también deberían preverse medidas de recolocación para el personal afectado por cambios en la gestión del servicio.
Asimismo, el dictamen propone incorporar cláusulas sociales vinculadas a la calidad y estabilidad del empleo, y contemplar ratios mínimos de personal en función del volumen de actividad.
FORMACIÓN
El Consell recomienda, por otra parte, que la norma incorpore la obligatoriedad de que el personal de los diferentes operadores reciba formación, diseñada e impartida por la Dirección General de Industria de la Generalitat, por contribuir a una mejora de la calidad del servicio.
En cuanto al régimen sancionador previsto en el Anteproyecto, defiende "reforzar la definición, proporcionalidad y graduación de las sanciones y vincular las cuantías máximas al daño efectivo, al riesgo generado, al beneficio obtenido, a la facturación y al grado de culpabilidad".
El órgano asesor considera que las sanciones máximas deberían reservarse a conductas dolosas o gravemente negligentes con riesgo grave acreditado para la seguridad vial, las personas o el medio ambiente, y defiende que sólo puedan ser sancionadas las personas físicas o jurídicas responsables de acciones cometidas de forma intencionada o negligente.