La diputada de la CUP Maria Sirvent, interviene durante la primera sesión de control Govern en funciones en el Parlament de Cataluña, en Barcelona, Catalunya, (España), a 7 de octubre. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La CUP ha presentado este martes una propuesta de resolución en la que exige al Parlament instar al Govern a aprobar la nueva ley de financiación de partidos y reducción de gastos electorales, así como aumentar la transparencia y el control ciudadano sobre la contratación pública.
La iniciativa, recogida por Europa Press y que se votará el viernes en el pleno monográfico sobre corrupción, pide también revisar el sistema de control previo de idoneidad de los cargos públicos, reforzar el régimen de incompatibilidades, y establecer "políticas sobre regalos y prever restricciones post-cargo --puertas giratorias--".
En otra propuesta, han solicitado al Parlament la creación de un observatorio independiente de control del cumplimiento de los contratos por parte de las empresas concesionarias "que asegure el correcto desarrollo del ejercicio de las potestades de dirección, inspección y sanción, que tienen la obligación de ejercer los poderes adjudicadores".
Asimismo, piden a la Cámara encargar a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa los trabajos de seguimiento y ejecución de los diferentes contratos de una cuantía superior a los 60.000 euros, y que llevará a cabo asistida por el responsable del contrato del ente administrativo beneficiario de los servicios.
Además, reclama al Parlament establecer en el caso de altos cargos una autoridad de control especializada que haga un escrutinio de la trayectoria profesional previa, con el objetivo de "detectar posibles intereses que afecten al cargo que deben ocupar" y proponer medidas de gestión de aquellos intereses que no se puedan eliminar.
COMPARECENCIAS DE TESOREROS
En otro punto, exigen al Parlament que se habilite un espacio fijo dentro de la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) donde deban comparecer los gerentes y tesoreros de los partidos políticos para rendir cuentas "del dinero público, de los préstamos, de las donaciones, o de cómo han gastado las subvenciones".
Por último, instan al Govern a ejercer de acusación particular "en todos aquellos procedimientos en los que su patrimonio se vea perjudicado" y ofrecer asesoramiento y recursos a las entidades locales para personarse como acusación particular en los casos que les afecten a ellas.