BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La defensa de la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ve "realmente sorprendente" que algunas de las querellas presentadas contra ella por la consulta alternativa del 9N le acuse de malversación de fondos públicos cuando considera evidente que no ha habido lucro.
Le sorprende también que lo hagan sin haberse tomado "ni tan solo la molestia de individualizar en sus querellas la realización por parte suya entre los días 6 y 9 de noviembre de 2014 de un solo acto de sustracción de caudales públicos que vaya acompañado, además, del propósito de enriquecimiento propio o de un tercero que exige el Código Penal".
Así lo argumenta en su recurso de súplica el abogado de Rigau, Jordi Pina, en un recurso presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), junto a los elaborados por las defensas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega.
El escrito sostiene que se pueden compartir o no las motivaciones políticas del 9N pero ve incuestionable que, si algo no movió al Govern a la hora de apoyar el proceso participativo, "fue la voluntad de enriquecimiento propio o de terceros", por lo que ve desacertado incluir este posible delito.
El abogado recuerda, en el escrito en el que pide la revocación de la admisión a trámite de las querellas, que el TSJC solo ha aceptado las acusaciones relativas a desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos; las dos últimas, condicionadas por posibles diligencias futuras.
Al igual que los abogados de Mas y Ortega, el de Rigau considera, respecto a la acusación de desobediencia, que no puede prosperar porque no hay una orden expresa de cumplimiento de la resolución del Tribunal Contitucional (TC) ni una negativa "abierta" a cumplirla.
