Los defensores del Pueblo piden a las autonomías que traten a los menores inmigrantes de acuerdo a su edad

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y sus 11 homólogos autonómicos han consensuado un documento en el que recuerdan a los diferentes gobiernos que los menores inmigrantes no acompañados son "menores ante todo", por lo que hay que tratarles como tales.

Ante la llegada de numerosos menores inmigrantes desamparados a las islas Canarias en los últimos meses, los 'ombudsmen' reclaman que las Administraciones públicas asuman la tutela de estos menores "de forma inmediata", mientras se estudia la realidad y el núcleo familiar originario de cada niño.

Sin embargo, demandan que los menores no sean repatriados "salvo que existan garantías de que la reintegración a su núcleo familiar de origen asegure el mejor interés para el menor". En esta decisión, hay que tener en cuenta la voluntad del propio menor, "que tiene derecho a ser escuchado".

En un documento acordado ayer en un encuentro en León, propuesto y hecho público hoy por el Síndic de Greuges de Catalunya, los defensores autonómicos exigen que los menores reciban asistencia jurídica independiente de la Administración, como es el turno de oficio de los colegios de abogados.

Igualmente, recomiendan a los gobiernos autonómicos que coordinen sus políticas de atención a los menores desamparados para evitar "fugas" de menores a aquellas comunidades que garanticen mejor su proceso de tutela y residencia. Para ello, proponen que exista un registro unificado y compartido por todas las administraciones.

LA LEGISLACIÓN LO AMPARA.

En general, los defensores recuerdan que la Convención de los Derechos del Niño prohíbe explícitamente la discriminación del menor por razón de origen nacional y que las administraciones públicas tienen la "obligación inexcusable" de "velar por el interés primordial del menor". Igualmente, la Ley española de protección jurídica del menor establece que los poderes públicos tienen que atender sus derechos "como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en territorio español".

Según los defensores, "el ordenamiento jurídico español establece claramente que los menores son ante todo menores, principio que debe prevalecer sobre la condición de extranjero".

NO HABRÁ "EFECTO LLAMADA".

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, aseguró que la exigencia de defender estos derechos no provocará un "efecto llamada". Sin embargo, el adjunto al Síndic para la defensa de los derechos de los menores, Xavier Bonal, admitió que él no puede proponer medidas concretas a adoptar entre todas las comunidades autónomas, sino recordarles sus obligaciones.

Ribó dijo también que la distribución en la península de menores llegados a las Canarias les puede hacer "reestudiar" la cuestión de los denominados "niños de la calle" en las ciudades catalanas, sobre los que ya hizo un informe presentado al Parlament.

Por su parte, Bonal dijo que la situación en Catalunya de estos menores y de los llegados de las Canarias, en los centros de acogida de la Generalitat o las ONG "no es especialmente más dramática" que en otras autonomías, aunque seguirán inspeccionando las instalaciones para denunciar las irregularidades.