BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que aglutina a 5.000 entidades en España, apostó hoy por plantear ante juzgados sociales las demandas relativas a la aplicación de la Ley de la Dependencia, después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) obligara el 27 de marzo a la Generalitat a abonar retrasos en los pagos de la prestación a un beneficiario.
En un comunicado, la entidad consideró que el fallo del TSJC confirma su posicionamiento como "el más atinado", y reiteró que las jurisdicciones sociales deberían ser quienes se pronunciaran sobre las reclamaciones en torno a la implementación de la ley --determinación del grado de dependencia y de la prestación--.
Asimismo, celebró que la sentencia del TSJC reconozca el derecho de los beneficiarios a recibir la prestación de cuidador no profesional desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, y no desde la fecha en que las autonomías empezaron a aceptar las solicitudes. "Esto ratifica nuestro criterio", remachó el Cermi.
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