BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Dos informes jurídicos elaborados por los gabinetes Jiménez de Parga y Gay & Vendrell cuestionan la constitucionalidad de las medidas que prevé el plan de saneamiento de la SEPI y de la dirección general de RTVE.
Los informes, elaborados a instancias del Colegio de Periodistas de Catalunya, consideran incompatible el proyecto de reconversión formulado por la SEPI y la obligación que establece la Constitución de mantener una estructura territorial y descentralizada.
El abogado Joan Recasens, de la firma Jiménez de Parga Abogados, recordó hoy que la Constitución obliga en varios artículos a "garantizar la libertad de expresión y la promoción y protección de las lenguas y culturas del Estado", además de "garantizar el acceso de los grupos sociales a los medios de comunicación".
Recasens explicó que el artículo 3 de la Carta Magna señala que la lengua "es un patrimonio cultural y las instituciones tienen la obligación de protegerla", por lo que el cierre de Ràdio 4 y la reducción del papel de los centros territoriales irían contra este principio.
En el caso de Catalunya, el abogado recordó la obligación del Estado "a expresarse en catalán no sólo a través de TVE y RNE sino a promocionar esta lengua independientemente de los canales audiovisuales de que dispone la Generalitat".
Por todo ello, el letrado recalcó que el Plan de Saneamiento "imposibilita el cumplimiento de las obligaciones constitucionales para las que RTVE fue creada".
En la misma línea, el informe elaborado por el gabinete Gay & Vendrell constata que las reestructuraciones en RTVE "vulneran los principios constitucionales y el modelo territorial del Estado".
El abogado Xavier Campà explicó que la remodelación no puede efectuarse "contra los principios que inspiran el actual modelo de radiotelevisión pública".
Tras recordar que la actividad de los medios de comunicación estatales "se debe inspirar en el principio del respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico", recalcó que "no se pueden vulnerar estos principios atribuyendo sólo razones de mercado y de competitividad".
Campà asegura que la cooficialidad de la lengua y el tratamiento del catalán como lengua propia de Catalunya "obliga al Estado a garantizar el uso del catalán en los organismos y entes radicados en Catalunya o con influencia en Catalunya", por lo que con el anuncio de desaparición de Ràdio 4 y la reducción de los centros territoriales "cuestiona los principios constitucionales en el marco del modelo de Estado de las Autonomías".
Finalmente, el letrado advirtió que el proyecto de Ley de la Radio y Televisión de titularidad estatal que se está tramitando en las Cortes "no puede contravenir en ningún caso los principios constitucionales" que inspiran el actual modelo de RTVE.
El decano en funciones del Colegio de Periodistas de Catalunya, Francesc Triola, anunció que difundirán los informes entre los colegiados y los harán llegar a los distintos grupos parlamentarios.
