BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Catalana de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) ha estimado que la deuda acumulada por la Generalitat desde 2011 con las entidades que trabajan con discapacitados supera los 82 millones de euros, ha informado este martes en un comunicado.
De esta cifra, la mayor parte de la deuda, cerca de 41 millones, correponde a programas de la Conselleria de Bienestar y Familia relacionados con subvenciones para el mantenimiento de las entidades y la concertación de plazas de residencia, ayudas para la autonomía en el hogar o centros de día.
El Cocarmi asegura que la Conselleria de Empresa y Empleo acumula una deuda de 38,6 millones, vinculados a programas y servicios que favorecen la inserción laboral de los discapacitados, tanto en el mercado de trabajo ordinario como en el protegido a través de los Centros Especiales de Trabajo.
Otros departamentos que mantienen deudas con las entidades son la de Enseñanza, con 1,8 millones; Salud, casi 1,1 millones y Justicia, 56.262 euros.
El presidente de Cocarmi, Antonio Guillén, ha asegurado que esta situación está derivando en "una reducción de los servicios, la pérdida de calida de éstos, la paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, el aumento de las listas de espera, mayores cargas para las familias, limitar la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, un creciente riesgo de exclusión social y laboral de los discapacitados".
Ha lamentado que los avances logrados en las últimas décadas por los discapacitados "se están diluyendo", y ha afirmado que de continuar en esta situación costará muchos años volver a los niveles de servicio anteriores a la crisis.
El Cocarmi ha recordado que envió una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que le recordaba la grave situación financiera que arrastran las entidades, una reclamación que "todavía no ha encontrado respuesta", y ha vuelto a reclamar un calendario de pagos.