Publicado 20/01/2022 14:05

ERC, Junts, CUP y comuns desencallan el acuerdo para impulsar una nueva ley antidesahucios

Archivo - La PAH pide a Puigdemont que Junts retire las enmiendas contra la ley antidesahucios
Archivo - La PAH pide a Puigdemont que Junts retire las enmiendas contra la ley antidesahucios - PAH - Archivo

   BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Los grupos parlamentarios de ERC, Junts, CUP y comuns han acordado junto con entidades sociales de vivienda impulsar una nueva proposición de ley antidesahucios, que tiene el objetivo de recuperar medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional (TC).

   Así lo han anunciado en un comunicado este jueves las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular ILP habitatge, entre las que están el Observatori DESC, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya (PAH) y entidades vecinales de la Aliança Contra la Pobresa Energètica.

   Esta iniciativa había quedado en el aire después de que Junts presentase siete enmiendas que "debilitaban los alquileres sociales obligatorios y se difuminaba la mayoría parlamentaria" para sacarla adelante, por lo que quedaba bloqueado su trámite.

   Las entidades han celebrado que se haya "conseguido desbloquear el trámite", y han concretado que aunque las enmiendas y el texto se votarán en comisión parlamantaria el 2 de febrero y después irá al pleno, este miércoles ERC, Junts, CUP y comuns ratificaron el acuerdo en la ponencia previa.

   "Son de nuevo una mayoría para aprobar una nueva versión del texto", ha destacado el grupo promotor, y ha puesto en valor que este acuerdo recupere medidas de alquiler social anuladas con la derogación de parte de un Decreto ley del Govern.

LOS PARTIDOS QUE DARÁN APOYO

   El diputado de ERC Pau Morales ha celebrado, en un apunte en Twitter, que se haya podido superar el debate de enmiendas con Junts y "felizmente, la propuesta final que se llevará a votación es sólida, y recupera posiciones que se registraron inicialmente", y ha sostenido que aún hay espacio para ampliar el consenso, en referencia al PSC, sin rebajar los planteamientos del texto.

   Por su parte, la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha destacado en rueda de prensa este jueves el trabajo de su partido para que las enmiendas diesen seguridad a la ley: "No eran diferentes a las que ERC y comuns defendían en Madrid pero aquí hacían ver que no existían", y ha defendido que se trataba de equilibrar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad.

   En un apunte en Twitter, la portavoz adjunta de los comuns en el Parlament, Susanna Segovia, ha celebrado el acuerdo, pese a las reticencias de Junts, y ha puesto en valor la labor de las organizaciones sociales y su capacidad de movilización para conseguir el acuerdo: "Gracias a ellos, la ley antidesahucios será pronto un hecho".

   El diputado de la CUP Xavier Pellicer, en otro tuit recogido por Europa Press, ha lamentado que mientras se anuncia el desbloqueo de esta ley "hoy en Sant Celoni dos furgones de orden público de los Mossos esperan la comitiva judicial para desahuciar a otra familia de un piso de Cerberus", y ha criticado que las instituciones no estén a la altura.

SIN COMPENSACIÓN A GRANDES TENEDORES

   Las organizaciones han concretado que el nuevo texto "descarta el mecanismo de derecho a compensación para grandes tenedores" que formaba parte de las enmiendas de Junts, y se introduce una medida de fomento de alquileres sociales para evitar desahucios.

   El texto recupera medidas como la renovación obligatoria de alquileres sociales cuando lleguen a su fin, alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables cuando acabe su contrato de alquiler, así como alquileres sociales para hogares vulnerables ocupados.

   Entre las mejoras que se han incluido en el texto también está una ampliación de la definición de gran tenedor (incluyendo a personas jurídicas con más de 10 viviendas), y la obligación de ofrecer alquiler social cuando se acabe el contrato, para lo que ahora se amplían los años de este alquiler de 3 a 5 o 7 años, en función de si el propietario es persona física o jurídica.

   Además, se ha acordado que la Generalitat controle las ofertas de alquiler social obligatorio; ampliar a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y promotores, y la elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas.

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