El Estado pagará educar en castellano en centros privados y lo cobrará de la financiación autonómica

EUROPA PRESS

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobado este viernes en Consejo de Ministros, establece que la Secretaría de Estado de Educación avanzará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la autonomía no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que pasa en Catalunya, aunque lo recuperará detrayendolo de la financiación autonómica.

Para eso, la memoria económica de la Lomce se reserva cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo, aunque la cantidad podría ser mucho menor, pues Catalunya dice que en un año sólo lo han solicitado 17 familias; no obstante, es de un adelanto, pues Educación se cobrará la factura de los fondos que correspondan a Catalunya en el marco de la financiación autonómica.

Se introduce así una novedad en el texto aprobado para enviar al Congreso respecto al planteamiento inicial, que establecía la obligación de la comunidad de pagar el colegio privado si no ofertaba el castellano en el sistema público.

El Consejo de Estado dijo en un dictamen sobre la norma que esta imposición invadía competencias, porque el Gobierno central no podía determinar el destino del dinero autonómico; y con la nueva fórmula, el concernido es el dinero de la Administración General del Estado.

Según fuentes del Ministerio, las familias que se encuentren con la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en castellano deberán reclamar por vía administrativa primero a la Conselleria: en caso de respuesta desfavorable, deberán dirigirse al Gobierno central para que la Alta Inspección del Estado --a la que se dotará de más competencias para estos fines-- investigue la oferta educativa en un proceso que tendrá además en cuenta las alegaciones de la autonomía en cuestión.

Si los inspectores de la Administración General concluyen que, efectivamente, está comprometido el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos, la Secretaría de Estado de Educación pondrá los medios para derivar "de forma transitoria" al alumno a un colegio privado donde se dé esta escolarización, en tanto el Gobierno autonómico soluciona el problema.

Al cabo del curso, Educación echará cuentas y quitará lo que se haya gastado de la partida que el Estado vaya a destinar a Catalunya en el marco de la financiación autonómica, de manera que será la Generalitat quien lo acabe pagando, pues es la administración que "está incumpliendo" las sentencias del Tribunal Constitucional.

SIN PROPUESTA "CONCRETA" CATALANA

Quedan para la negociación las aristas de la "proporción razonable" de enseñanza en castellano que, según el alto tribunal, se debe ofrecer, ya que el Gobierno central no va a entrar en porcentajes y dice estar dispuesto a negociar las condiciones siempre y cuando se garantice que "no se rebasa el límite" de la inmersión lingüística, es decir, que no se excluye la escolarización en castellano.

Las fuentes consultadas han asegurado que "en meses de negociación no ha habido ni una propuesta concreta" de Catalunya, que se ha limitado a criticar el planteamiento del Ejecutivo, dicen.

Según estas fuentes, el Govern sostiene que "no es ni complicado ni costoso" asumir cierta oferta de castellano aunque sea pequeña, como hacen otras comunidades.