BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, ha archivado las diligencias abierts para esclarecer la polémica de las cartas enviadas por el ex secretario de organización de ERC, Xavier Vendrell, reclamando a cargos políticos de la Generalitat el cumplimiento de la carta financiea del partido.
Según publica 'El País', la fiscalía considera que los hechos no son delictivos, pero sí reprocha a ERC que confunda a la Administración con el partido, lo que supone una "actuación intrinsecamente perversa", así como que incumpla la ley de financiación de los partidos políticos.
La fiscalía constata que la carta financiera obliga a pagar a cualquier "cargo público de ERC", fuera o no mlitante", lo que supone "una significativa confusión", ya que el nombramiento de un cargo público corresponde a la Administración y no al partido.
Igualmente, el fiscal reprocha a ERC que el pago de cuotas se realizara a través de donaciones a la Fundación Josep Irla, eludiendo así la "calificación y cuantificación contable" que prevé la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
En el escrito de archivo, Mena señala que "desde el punto de vista de estricta dogmática penal" no puede considerarse que se produjera un delito de coacciones por el envío de las cuatro cartas distintas firmadas por Vendrell y por la que envió su secretaria, Núria Cid.
Se señala que no se ha podido constatar "suficientemente" que ninguno de los destinatarios pagara intimidado por una exigencia del partido que condicionara la continuidad en su trabajo al pago, ni que las personas que decidieron no pagar sufrieran represalias laborales.
El fiscal añade que sólo con que se hubiera "doblegado la voluntad contraria al pago" de algún afectado a través de "la sombra del cese" a la que se alude en una carta o se hubiera creado un "clima conminatorio", existiría el delito de coacciones.
Asimismo, Mena advierte de que, pese a la inexistencia de delito, la investigación ha servido para destapar el "riesgo de incurrir en una dinámica de actuación intrínsecamente perversa", que podría conducir a una situación en la que se acabe designando no a quien sea más válido para servir al interés público, sino simplemente a quien muestre "disposición a pagar un peaje al partido en el que se integra el responsable del nombramiento". Y eso sería tanto como entender que, "enel fondo, quien nombra es el partido y no la administración".
Las diligencias se abrieron el 28 de febrero y declararon 56 personas. Un total de 19 pagaron al partido y del resto sólo 7 dijeron haberse sentido presionadas. Entre ellos, 5 trabajadores de la entidad Turismo Juvenil de Catalunya (TUJUCA), hoy extinta. Sólo 5 de las 56 personas recibieron las 5 cartas.
Por otra parte, la Inspección General de Servicios de Personal del Departamento de Gobernación de la Generalitat ha concluido que en el envío de las cartas no se han encontrado pruebas del incumplimiento de la normativa de la función pública.