BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado todas las denuncias que ha recibido contra la Conselleria de Interior sobre los expedientes sancionadores impuestos por el impago de los peajes catalanes tras considerar que los hechos "no son constitutivos de infracción penal".
El decreto de archivo, al que ha tenido acceso Europa Press, da respuesta a la denuncia presentada por el diputado de SI Uriel Bertran, partido que impulsó la campaña contra el pago de peajes 'No vull pagar', e indica que el resto de denuncias similares que han recibido también han sido archivadas.
El denunciante fue sancionado por Trànsit por infringir el Reglamento General de Circulación al resistirse a abonar el importe correspondiente para circular por la AP-7 el 11 de mayo, lo que el diputado considera que "vulnera las disposiciones legales aplicables".
Además, Bertran argumentaba que se le pidió quien era el conductor del vehículo "bajo la amenaza de ser sancionado", que no fue informado sobre el hecho concreto por el que se le castigaba ni se le entregó ningún documento que acreditara que se le multaría en el momento de los hechos.
En la denuncia, también solicitaba que se citara a declarar al instructor del expediente para que diera explicaciones y a sus superiores: al conseller de Interior, Felip Puig; al director del SCT, Joan Aregio, y a la jefa del Servicio Territorial de Tráfico de Barcelona, Assumpció Gil, quien firmó el requerimiento.
NO HAY PREVERICACIÓN
Sin embargo, la Fiscalía ha concluido que no se ha producido un delito de prevaricación ni de coacciones, como sostenía el denunciante, porque no es una resolución arbitraria, lo que sólo sucede cuando "se sobrepasa la legalidad de una forma evidente, flagrante y clamorosa".
Sobre las supuestas coacciones, la fiscal argumenta que intentar identificar al conductor del vehículo advertiendo de la pena de multa, "no puede integrar el delito de coacción porque no constituye propiamente una amenaza".
Asimismo, sostiene que si se admitiera esta tesis, "cualquier actuación administrativa" se podría convertir en delito y apunta que el denunciante no queda inerme ante la lesión de sus derechos porque aún tiene abierta la vía administrativa.
