La Fiscalía pide 16 meses de cárcel para los padres que agredieron a unas maestras en una escuela de Barcelona

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona pide un año y cuatro meses de cárcel y multas e indemnizaciones que superan los 6.040 euros para los padres de un alumno de la escuela Eduard Marquina de Barcelona que presuntamente agredieron y amenazaron de muerte a dos maestras y una conserje del centro en octubre del año pasado.

Se trata del primer caso conocido en Catalunya que se tramita como un delito de atentado a funcionario público y no como una falta.

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2006 en la puerta del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduard Marquina, en el barrio barcelonés del Besòs, cuando los padres del alumno, que tenía 4 años, se indignaron con la dirección del centro porque reiteradamente se les había pedido que abonaran 5 euros mensuales por el servicio de acogida de la escuela, de 8.30 a 9.30 horas.

Aquel día, y tras la continuada negativa de los padres a pagar dicha cantidad, la directora, la jefa de estudios y la conserje les prohibieron la entrada.

Ante esta negativa, Juan V.A. y Montserrat M.G. amenazaron de muerte a la directora, María Dolores C.Q., a la jefa de estudios, Gloria Z.B., y a la conserje, Carmen P.R, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press.

Así, primero la acusada amenazó de muerte a la directora, mientras el padre le animaba, y posteriormente hicieron lo propio con la jefa de estudios. Además, a ésta última la madre le cogió por el cuello y le agarró por el brazo dándole empujones.

Cuando finalmente la conserje llamó a los Mossos d'Esquadra, la madre del menor le increpó y le amenazó a ella y a su hijo. Mientras las tres afectadas estaban en comisaría denunciando los hechos, los padres volvieron, sobre las 13 horas, al colegio, donde insultaron y amenazaron a otros profesores.

A consecuencia de los hechos, la jefa de estudios sufrió una crisis ansioso-depresiva que precisó una primera asistencia médica y 30 días de curación, quedándole como secuela la agravación de su cuadro depresivo, que ha requerido baja laboral, terapia farmacológica y tratamiento psiquiátrico.

A la conserje, a pesar de que no sufrió daños físicos, le surgieron síntomas de ansiedad, que incrementó sus patologías respiratorias y digestivas previas, lo que le provocó la baja laboral.

Por todo ello, la Fiscalía califica los hechos como un delito de atentado a funcionario público en ejercicio de sus funciones, y pide 16 meses de prisión para ambos progenitores. También les acusa de dos faltas de lesiones para los que pide 540 euros de multa.

Igualmente, pide una indemnización de 1.500 euros para la jefa de estudios por las lesiones y 3.000 por las secuelas, además de 1.000 euros para la conserje al agravarse su cuadro clínico anterior.

LA GENERALITAT PIDIÓ DOS AÑOS DE CÁRCEL.

Por su parte, la Generalitat, en calidad de acusación particular, ya pidió el pasado mes de marzo dos años de cárcel y multas que superan los 2.300 euros para los encausados.

La Generalitat considera que estos hechos se traducen en un delito de atentado a funcionario público, un delito de lesiones, una falta de maltrato de obra y una falta de lesiones y así lo ha hecho constar en su escrito de acusación, que ya está en manos de la juez de Instrucción número 33 de Barcelona, según informaron a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación.

Por el delito de atentado, la acusación particular pide para Juan V.A. y Montserrat M.G. dos años de cárcel y una multa de 540 euros, mientras que por el delito de lesiones reclama una multa de 1.080 euros. En cuanto a las faltas de maltrato de obra y lesiones, la Generalitat solicita que se les imponga una multa de 360 euros por cada una de ellas.

La acusación particular, por otra parte, reclama que Dolores C.Q., Gloria Z.B. y Carmen P.R. sean indemnizadas por las lesiones sufridas con la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia, según las mismas fuentes.

SÓLO DISCUTIERON, SEGÚN LOS PADRES.

Durante su declaración ante la juez instructora el pasado mes de diciembre, los presuntos agresores admitieron haber discutido verbalmente con las víctimas, pero negaron haberles insultado, agredido o amenazado de muerte, tal y como ellas mantienen.

Las maestras y la conserje, por su parte, ratificaron su denuncia ante la juez instructora y aportaron a la causa los informes forenses sobre las lesiones que sufrieron a causa de la agresión, que "son más de carácter psicológico que físico", según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

La magistrada decidió el pasado 22 de noviembre abrir diligencias previas contra los padres del menor por un presunto delito de atentado a funcionario público, después de que la Fiscalía y la acusación particular pidieran la suspensión del juicio de faltas que debía celebrarse contra el matrimonio y solicitaran que el caso se tramite por dicho delito, castigado con penas de entre uno y tres años de prisión.

Para la Fiscalía y la abogada de la Generalitat, la gravedad de los hechos y las amenazas de muerte "reiteradas" por parte de los denunciados eran motivos suficientes para iniciar diligencias por un presunto delito de atentado a funcionario público, tal y como ordenó el pasado 14 de noviembre el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), José María Mena.