La Fiscalía del TSJC acumula 500 expedientes de fraude fiscal, algunos de hace 10 años

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ficalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acumula 500 expedientes de presunto fraude fiscal remitidos por la agencia Tributaria, algunos de hace diez años, según explicó a Europa Press el fiscal de asuntos económicos de la Fiscalía del TSJC, Francisco Bañeres.

En el primer foro antifraude de KPMG en Barcelona --hasta ahora sólo se celebraba en Madrid--, Bañeres explicó que cada año la Fiscalía recibe de la Agencia Tributaria unos 70 expedientes por delito fiscal, pero sólo se emiten 20 sentencias, con lo que "cada año se forma una pelota de 50 casos. Por los últimos 10 años, tenemos 500 delitos por delito fiscal que no salen".

Consideró que el Código Penal actual permite luchar contra el fraude porque "las penas son rigurosas y los delitos están bien definidos", pero señaló que "existe un cierto problema en los aspectos procesales". "El sistema procesal necesita una reforma, no sé de qué calado, pero la necesita", remachó.

Argumentó que la Agencia Tributaria tiene una "información descomunal" --recordó que el caso Millet lo descubrió Hacienda por 500 euros--, lo que junto con la concienciación de los Mossos d'Esquadra por los casos de fraude, hace que cada vez se descubran más casos, como el de ayer, que se saldó con más de 30 detenciones por fraude en el IVA en Barcelona.

"El problema viene cuando llegamos a la instrucción de los procesos. Esas mejoras que se han ido consiguiendo con más personal y recursos, se embotellan en los juzgados. Los jueces son en su mayoría gente muy dedicada y con altísimo sentido de la responsabilidad, pero hay un problema estructural", consideró.

En este sentido, cuestionó el modelo de juez instructor de 1889: "Somos de los últimos países en que perdura, y una persona con 25 o 30 años de experiencia debe tratar desde temas importantes a trifulcas entre vecinas por la ropa tendida", lamentó.

También reprochó que las tareas de instrucción se limiten a recoger declaraciones y antecedentes, y, en declaraciones a Europa Press, abogó por cambiar la "solemnidad" del proceso actual por fórmulas que permitan una "mayor agilidad".

Asimismo, enumeró otros déficits, como la atomización de las oficinas judiciales (sin posibilidad de compartitr casos entre juzgados cuando se ha asignado a uno), así como la posibilidad ilimitada de interponer recursos: "Todas las resoluciones son recurribles y pueden reproducirse las mismas peticiones sin límite. Se deberían limitar las resoluciones susceptibles de recurso porque entorpecen y ralentizan los procesos cuando no tienen fin".

CORRUPCIÓN

Bañeres destacó que un delito de corrupción es la realización de comportamientos ilícitos con la intervención de un cargo público, pero que no es estrictamente necesario obtener un beneficio patrimonial directo para que sea punible.

Entre las medidas para combatirla, apuntó a la "conveniencia de la criminalización" de la figura de testaferros o sociedades de apariencia. "No se puede dar por normal lo que no es normal. Debería ser delito", defendió.

"Una misma persona no puede administrar miles de sociedades, o no puede haber un responsable de una empresa con mucho beneficio que está viviendo como quien dice entre cartones", ejemplificó.

También se mostró partidario de las propuestas de limitar la práctica "extendida" de externalización de los servicios en la administración --lo que favorece la corrupción--, y que ante determinados gastos que pudiesen presentar dudas, el interventor tuviese la posibilidad de dejar constancia de alguna observación antes de la fiscalización que realiza la Sindicatura de Cuentas.

Por otro lado, puso en duda si es necesaria la pervivencia de la acción civil conjunta con la penal a la hora de reclamar sumas de dinero, más aún teniendo en cuenta que ahora "casi nadie" cobra las cifras que se fijan por ninguna de las dos vías. Para agilizar los trámites, consideró que el seguimiento de las indemnizaciones deberían llevarse a parte del caso.

En el mismo foro, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona, Joan Queralt, instó a redefinir las penas privativas de libertad y las privativas o restrictivas de derechos en los casos de corrupción.

Explicó que las penas de cárcel actuales son aplicables a particulares, pero casi nunca a funcionarios, y vio "una burla" que la inhabilitación de cargos públicos se traduzca en muchos casos en un traslado "a la oficina de al lado".