Fotocasa augura que la ley catalana contra desahucios provocará litigiosidad e inestabilidad

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fotocasa ha augurado que la ampliación de la ley catalana de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, aprobada por el Parlament el 23 de febrero y que entra en vigor este martes, causará litigiosidad en los tribunales y un clima de inestabilidad.

El portal inmobiliario asegura este martes en un comunicado que esta inestabilidad derivará de la nueva regulación porque impulsará una nueva "ola de reclamaciones" por parte de los propietarios profesionales.

La medida, impulsada por ERC, Junts, la CUP y los comuns, plantea medidas como la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables antes de llevar el caso a la vía judicial.

La compañía considera que la escasez de parque público de vivienda y la insuficiente promoción de vivienda protegida, así como de presupuestos, son cuestiones que la administración debe solventar "con agilidad".

Cree que la Generalitat debe asumir la obligación y el compromiso de remediarlas con sus recursos o bien buscando fórmulas de colaboración con el sector privado para estimular la oferta.

Según el portal, esto se podría hacer lanzando ayudas públicas adicionales o impulsando la oferta de vivienda social, "al mismo tiempo que se dan alicientes al arrendamiento asequible para propietarios".

REDUCCIÓN DE LA OFERTA

También ha apuntado que esta normativa podría provocar que se contrajese la oferta residencial por parte de los grandes propietarios y que se paralizase la inversión de cara al exterior.

"Cualquier medida que tenga el objetivo de sancionar impactará en el sector causando las consecuencias contrarias a las deseadas: escasez de oferta y más dificultades para acceder a la vivienda", ha añadido.

De hecho, Fotocasa considera que "la incertidumbre de cara al inversor extranjero" hará que España deje de ser atractiva para los inversores que llevarán su negocio fuera de Catalunya, pronostica.

Sin embargo, apoya a la administración catalana para que reconozca el "gran problema" de acceso a la vivienda y que trabaje para erradicar la situación de exclusión residencia de muchas familias y colectivos vulnerables.

La norma establece la definición de grandes tenedores de vivienda; contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada; fomenta el alquiler social, y es "heredera del decreto 17/2019 que fue suspendido parcialmente por el Tribunal Constitucional por una cuestión de forma, y no de contenido", según el relator de la ley, el republicano Pau Morales.